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Venezuela: ¿Censura o amarillismo?

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Redacción Aol Noticias.- La entrada en vigor de una controvertida medida judicial que prohíbe a los medios publicar imágenes violentas, decisión que coinciden con la campaña para las elecciones legislativas, ha encendido la polémica en Venezuela.

La decisión judicial, que inicialmente se aplicó a El Nacional por difundir en la primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres amontonados en la morgue de Caracas, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país.

La prohibición del tribunal de acuerdo a lo dicho en el falló estalece que los medios impresos: “deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños”.

La Defensoría del Pueblo había solicitado a los tribunales una medida para evitar la publicación de este tipo de gráficas y alertó que “los dueños de los periódicos, en su afán de vender, utilizan estas fotos inaceptables, amarillistas, por lo que hacemos un llamado a no jugar con el dolor de las personas”.
En un comunicado la Defensoría señalo que la medida adoptada por el Tribunal 12 de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no constituye de forma alguna una violación o restricción ilegitima del derecho a la libertad de expresión y a la información. Por el contrario, esta decisión y las acciones desarrolladas las instituciones competentes responden a una obligación constitucional y legal del Estado venezolano, de carácter indeclinable, de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias para resguardar el goce y disfrute pleno de los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.

Y recordó que la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la publicación de imágenes inadecuadas para el desarrollo de la infancia y la adolescencia no constituye un hecho novedoso, habida cuenta de la decisión adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de julio de 2007, mediante la cual se prohibió cautelarmente a los diarios El Progreso y El Luchador la difusión de imágenes sangrientas.

En respaldo absoluto a la medida, el presidente Hugo Chávez aseveró que “el país pide respeto” y acusó a los medios locales y canales internacionales de recurrir a “la grosería, el atropello, la manipulación, la pornografía” para afectar la imagen de su gobierno.

Sin embargo, los dueños de medios, periodistas y opositores no opinan lo mismo y consideran la decisión como “violatoria” de la Constitución y la libertad de expresión. David Natera, presidente del Bloque de Prensa -organización que agrupa a los dueños de los principales diarios del país-, afirmó a la agencia AP que la decisión del tribunal responde a “actos políticos”, y responsabilizó directamente a Chávez de promover la medida para tratar de “ocultar” la creciente criminalidad que azota al país de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.

En un comunicado, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, rechazó la acción contra los medios venezolanos, y dijo que es “un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales”.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras condenó la decisión y la calificó como una “escalada de represión judicial contra las libertades de expresión”.

Chávez ha mantenido en su once años y medio de mandato tirantes relaciones con los principales medios del país a los que ha acusado de difundir “mentiras” para afectar la imagen de su gobierno.

En el Índice Global de Paz de 2010, que mide los niveles de violencia de 149 países del mundo, Venezuela aparece en el puesto 122º, después de Sudáfrica.

redaccion

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1 Comment

  1. this post is very usefull thx!

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