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Juan Antonio Nemi Dib

La República del Ecuador mide 283,560 kilómetros cuadrados, 36 mil más que Chihuahua, sin contar los cachos arrebatados por sus vecinos -Perú y Colombia- en 200 años de vida independiente. En 2008 Ecuador tenía 14 millones de habitantes, aunque hay cientos de miles de ellos residiendo fuera de su país. Según la Policía Nacional, su “estado de fuerza” se conforma con 38 mil elementos, lo que equivale a un policía por 368 habitantes. Para comparar: en México, en 2007, había unos 430 mil policías de todas las corporaciones, aproximadamente uno por cada 246 habitantes. En otras palabras, en México hay 33% más policías que en Ecuador.

Desde su creación, en 1884, la policía ecuatoriana ha sido una sola, centralizada y dependiente del poder ejecutivo de la República. No hay policías provinciales ni municipales y las áreas especializadas son parte de la misma corporación. Con diferentes modalidades organizativas, finalidades y alcances, los distintos modelos de organización y las leyes que históricamente la han regulado, la policía ecuatoriana ha dependido siempre de un mando unificado, vertical y de estructura militar, con jefes jerarquizados y distribución territorial de jurisdicciones que reportan a las mismas autoridades. Otras características importantes de la policía ecuatoriana son su espíritu de cuerpo y el hecho de que sus elementos pueden hacer carrera policial y ascender en función de sus méritos, sus conocimientos y su antigüedad, de manera relativamente más fácil que en México.

De acuerdo con Transparencia Internacional, la percepción de corrupción en Ecuador es del doble que en México: ocupa el lugar 151 y nosotros el 72. No es fácil hallar información sobre lo que los ecuatorianos piensan de su policía ni qué tanto confían en ella, pero es claro que se trata de una institución poderosa en la que cada año el gobierno invierte decenas de millones de dólares.

Apenas el miércoles de la semana pasada la Asamblea Nacional de Ecuador sometió a discusión el dictamen de una nueva Ley de Servicio Público que según los policías les afecta mucho, ya que aparentemente les cancela un importante bono económico, les quita condecoraciones -que también significan dinero-, prestaciones para sus familias y amplía de 4 a 7 años el plazo para el ascenso automático, aunque los diputados opinan otra cosa: según Irina Cabezas presidenta de la Función Legislativa (algo así como líder de la mayoría parlamentaria) el artículo 115 de la mentada ley “incluye importantes beneficios para las fuerzas armadas, la policía nacional y los bomberos, como el pago de horas extras”. La diputada acusa a los policías quejosos de “desinformados” pero nunca niega las acusaciones específicas de los policías sobre la drástica reducción de beneficios y prestaciones laborales que les causa la nueva ley.

El Presidente Rafael Correa -promotor de la iniciativa legal- asegura que durante sus mandatos, ha más que duplicado los ingresos de los policías, pasándolos de 320 a más de 700 dólares mensuales (el dólar de EUA sustituyó al sucre como moneda oficial). Si la cifra es cierta, entonces los policías ecuatorianos ganan casi el doble que el promedio de los policías mexicanos. Sin embargo, los cambios a la ley causaron verdadera furia entre los gendarmes ecuatorianos, 800 de los cuáles, integrantes del Regimiento 1, con sede en Quito, se declararon en huelga e iniciaron una ruidosa protesta, a la que el presidente respondió determinante: “No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos”.

Por su parte, la diputada cabezas se mostró más flexible, reconociendo la necesidad de replantear cambios a la ley que tanto enojó a los policías. Su declaración vino después de que el Presidente Correa se apersonó en la sede del

Regimiento amotinado y fue prácticamente secuestrado por los inconformes que le mantuvieron retenido durante casi seis horas, hasta que fue rescatado por soldados y algunos policías leales en medio de una lluvia de balas que dejó, según algunas versiones, ocho muertos, aunque en realidad habrían sido tres o cinco según la fuente. La diputada justificaba “…se convocó a la sesión 62 a fin de solventar el tema, pero en vista de que no existían las garantías y la seguridad para el primer mandatario, ya que a esa hora no había sido liberado, se vio en la obligación de suspender dicha convocatoria. Es más, bajo presiones o chantajes la Asamblea no va a sesionar.”

Y es que fiel a su estilo no muy lejano del de otros histriónicos dirigentes sudamericanos, el presidente Correa llegó hasta la sede de la policía para encarar a sus subordinados: “¡Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está: mátenme si les da la gana!”, los increpó, rasgándose la camisa y mostrando su pecho. No dudó en calificar a esta manifestación de policías que lo retuvieron como un “intento de golpe de Estado” aprovechando para responsabilizar directamente a sus adversarios políticos como “infiltrados” y responsables de “manipular a los policías con el fin de derrocar a [su] Gobierno”. Correa llegó a asegurar -valiéndose de presuntos informes de inteligencia y supuestas amenazas por vía telefónica a su familia- que el “Plan B” ante el fallido golpe de Estado, era asesinarle a él; lo cierto es que si hubieran querido, los policías amotinados dispusieron de horas para matarlo y no lo hicieron.

Más pronto que tarde, un juez puso en libertad a los tres coroneles de policía que habían sido detenidos por los acontecimientos, aunque el juicio contra ellos continuará, así como la investigación gubernamental (“…no puede haber perdón ni olvido… se investigará quienes fueron esos pocos malos elementos de la policía, probablemente manipulados por dirigentes políticos… pero nada justificaba los extremos de violencia… a los que llegaron” gritaba luego el Presidente).

Analistas ecuatorianos informados, serios y creíbles, sostienen que de ninguna manera es aceptable la conducta de los policías amotinados ni la violencia que utilizaron contra el Presidente Correa, pero de otro lado no encuentran indicios de ninguna conspiración orquestada premeditadamente y aseguran que al titular del Gobierno Ecuatoriano nunca se le impidió realizar sus funciones constitucionales, pues desde el sitio en que estaba retenido -el hospital de la policía- continuó dando órdenes y ejerciendo el poder. En cambio, califican como la mayor irresponsabilidad e incluso provocación la presencia del Presidente en la instalación policial y lamentan la falta de eficacia de sus ministros para evitar el conflicto a tiempo y sin consecuencias.

En cualquier caso, para nosotros es una lección. Imagine usted a medio millón de policías mexicanos distribuidos en todo el territorio nacional, en torno a una estructura unificada, operando para derrocar al gobierno o, en el mejor de los casos, para dejar atrás sus actuales salarios de hambre, como una mera reivindicación legítima, ya no digo infiltrados por el narco o comandados por un jefe corruptísimo al servicio de la delincuencia organizada. Nadie querrá ese infierno, consecuencia natural de una “policía unificada”. Es un error, ingeniero García Luna, una auténtica ocurrencia.
antonionemi@gmail.com

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