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Amalia acusa linchamiento político

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Ciudad de México. (El Universal).-  Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, manifestó que las acusaciones que se han hecho a su gobierno, sobre supuestos desfalcos a la entidad, evidencian el afán de un linchamiento político, por lo que aseguró que no caerá en las provocaciones.

“Me niego a ser un instrumento para desviar la atención de los ciudadanos del país y de Zacatecas, sobre otros temas importantes para el estado relacionados con la creciente inseguridad y la falta de atención a las necesidades de la gente”, precisó en una carta enviada al gobernador Miguel Alonso Reyes.

En la misiva, la ex mandataria estatal acusa al actual gobierno de Zacatecas de haber violado los procedimientos formales de una auditoría, pues no se le notificó sobre la existencia de un procedimiento en su contra ni se le dio la oportunidad de defenderse.

Luego de que la Contraloría Interna del estado responsabilizara a su administración de haber contratado deuda al erario público, de falsificar facturas, manipular programas y otras irregularidades, García Medina enfatizó que “hay una gran incapacidad para revisar con profesionalismo la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración”.

De igual manera, expuso al mandatario de Zacatecas que “la ofensiva que han emprendido usted y su gobierno carece de sustento y está motivada por causas políticas”.

Por ello, dio respuesta a cada una de las acusaciones imputadas por la Contraloría estatal.

En cuando a las calificaciones crediticias, dijo que el deterioro de las mismas y la generación de intereses moratorios se dieron en la administración de Alonso Reyes.

“El deterioro de las calificaciones crediticias y la generación de intereses moratorios se dieron ya en su administración, como resultado de la incapacidad para atender las obligaciones financieras del estado”, expuso en la carta.

Sobre ello, negó que la contratación de un crédito por 300 millones de pesos a Banamex no fue ilegal, y que su gobierno solventó una tercera parte.

“En relación a los señalamientos en cuanto a que la Oficialía Mayor realizó compras de bienes y servicios por mil 254 millones, veo incapacidad en su gobierno para entender algo elemental: de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, esa es una función sustantiva de dicha dependencia”, añadió.

redaccion

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