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Los amparos laborales

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Prospectiva

Por JAIME RÍOS OTERO

Buen paquete tiene entre sus manos el Poder Judicial Federal con el alud de demandas de amparo que están promoviendo los sindicatos contra la reforma laboral. Habrá oportunidad de constatar el nivel que tienen los jueces federales respecto de una responsabilidad que es histórica, porque involucra el interés de todo el sistema político mexicano. La fecha límite que los impetrantes consideran para plantear el juicio constitucional es el 10 de enero, dentro de tres días y, según creen los coordinadores de este esfuerzo masivo, serán interpuestas 2 millones de demandas en forma individual, grupal o sindical, y aun de personas que carecen de relación laboral.

Los promotores de esta acción son Unión Nacional de Trabajadores, FAT, ANAD, UNJ, SME, CROM, Congreso Nacional de Bases, CILAS, CEREAL, entre otros. Y han anunciado su participación sindicatos tan importantes como los del Seguro Social y el Issste, la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Puebla, que agremia a trabajadores de la industria automotriz, de autopartes, textil, de la confección y metalmecánica. Morena, la organización creada por López Obrador, hará lo propio con sus seguidores y miembros en todos los estados.

La percepción que tienen los inconformes sobre la reforma laboral es de que se trata de una modificación restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de la clase trabajadora. Aseguran que la aplicación de una ley tal profundizará el trabajo precario al abaratar la mano de obra en beneficio de los patrones.

Fue creada una página, http://amparoreformalaboral.org/, donde se explican las desventajas que ven en la nueva legislación, pero además se pueden descargar instructivos y formatos de las demandas de amparo para que cualquier persona los llene, los imprima y acuda a activar el juicio de garantías ante el juzgado de distrito más cercano. Según los inconformes, en materia de empleo la tasa de personas sin trabajo es de un 15 por ciento, tres veces más de lo que reconocen las cifras oficiales, con 31 millones de personas que trabajan en la informalidad o que carecen de las prestaciones mínimas de ley y acceso a la salud.

También citan, como parte de los grandes retrocesos que ha sufrido la población, el desplome en el poder adquisitivo de los salarios, que en la pasada administración federal superó el 25 por ciento. Lo anterior, visible en los incrementos a los precios de la tortilla, que se elevó en 70.5 por ciento; el de huevo blanco, más del 120 por ciento; arroz, 47.8 por ciento; frijol bayo, 127.3 por ciento, y el litro de aceite vegetal, 83 por ciento.

En 2006, dicen, con un salario mínimo se podían comprar siete kilos de tortilla, hoy alcanza para cinco. En relación con el huevo, 14 por ciento de la población ha dejado de comprarlo por su alto costo y 64 por ciento redujo su consumo. Contrario al argumento favorable de los promotores de la reforma, quienes la combaten aducen que con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, que apenas fueron incluidos en la Ley, se condena a los jóvenes “a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de ´chambita en chambita´, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro”. Precisamente, las cifras que dan son en el sentido de que de los “36.6 millones de mexicanos jóvenes, 19.5 por ciento no estudia ni trabaja y 5.1 millones vive en pobreza extrema. Sólo uno de cada tres jóvenes que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal; de los empleados casi la mitad trabaja en condiciones precarias, sin prestación alguna y del total de desempleados, 57 por ciento son jóvenes”.

Así que, además verificar la orientación ideológica y el aceitado que tiene la maquinaria judicial del país, presenciamos una movilización de carácter jurídico que está sustentada en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en este caso la Internet, para movilizar a los millones de personas con “interés legítimo” para accionar al aparato judicial. Donde por cierto, otro tema que está explorándose es precisamente las nuevas vertientes que está siguiendo el amparo luego de la reforma constitucional más reciente al artículo primero: el principio pro homine, el interés legítimo, los derechos humanos, la dignidad humana y en general, la convencionalidad. Así que, en un país que fue el pionero en establecer el carácter social en su Constitución, es para la historia lo que vaya a decidir la Corte que, suponemos, por la trascendencia del tema para la nación, tendrá que atraer los cientos de miles de juicios y emitir una resolución de carácter general.

Temas misceláneos *** Ha quedado bastante calladito el asunto de la fuga del peligroso delincuente Benjamín Susunaga Leo, quien junto con otra persona tomó por asalto la residencia del ex secretario particular del gobernador Alemán, y hoy notario, Roberto López Delfín, y que lesionó a balazos a la esposa del fedatario, Julieta Cerecedo de López. Susunaga había sido internado en el penal de Tuxpan, aunque el hecho ocurrió en el municipio de Alvarado y ahí permaneció unas cuantas semanas, desde el día de los hechos, a principios de octubre. En un comunicado que tuvo poca difusión López Delfín manifestó su justificable preocupación por la extraña fuga del agresor, que en su momento confesó haber asesinado a su propia madrastra. Nada se sabe de las investigaciones para capturarlo.

columnaprospectiva@gmail.com

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