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Prospectiva

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 Por JAIME RÍOS OTERO

Por supuesto que apoyamos al compañero Jorge Morales Vázquez en la misión que se ha autoimpuesto de clarificar los pormenores en el trabajo de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, un organismo que desde sus inicios se vio más como un procedimiento de imagen para el gobierno, que como una entidad que vaya a ver seriamente por los intereses de los tundeteclas.

Y claro, que Dios y San Benedicto XVI guarden la hora de que vayamos un día a necesitar de los servicios de la dichosa Comisión, porque precisamente una de las cosas que está denunciando el compañero comisionado Morales es que el organismo apenas tiene disponibles algo así como 132 mil pesos para ayudar a los cientos de comunicadores que hay en el Estado, y que podrían requerir el apoyo.

El resto, 14 millones 868 mil pesos, del total del presupuesto de 15 millones, está destinado a pagar sueldos y salarios a una burocracia numerosa que incluye una secretaria ejecutiva, una presidenta, directores, jefes de departamento, auxiliares, choferes, y los comisionados, que son ocho.

De acuerdo con la explicación que ha brindado el comisionado inconforme, el tan mentado apoyo a los periodistas se está contrayendo a recibir quejas, denuncias y trámites para canalizar los requerimientos de apoyo hacia las policías, en lugar de asumir tareas que resulten trascendentes para el gremio.

Es decir, se omiten labores de carácter preventivo para disminuir la exposición de los comunicadores a las agresiones, o la reincidencia en las mismas, así como la capacitación y profesionalización de ellos, amén de un apoyo que sea real para sortear los momentos de dificultades que enfrenten.

Pero el colmo es que en un organismo presuntamente destinado a tutelar la libertad de expresión, mediante la protección a quienes la ejercen, ahora se están adoptando medidas de censura y sanción a quien se ha atrevido a denunciar públicamente anomalías como las que aquí se mencionan. Ahora sí estamos mejor.

Donde debe imperar una absoluta transparencia en los procedimientos y el manejo de los recursos públicos, resulta que se exige una discreción, que en realidad sería complicidad, respecto de los criterios para manejar el dinero que, tal como están las cosas, servirá para mantener y darle buena vida a la burocracia que ya fue creada, pero nunca para el propósito destinado de proteger a los periodistas.

Para la Comisión fue elegida como secretaria ejecutiva una académica muy distinguida, como es la doctora Namiko Matzumoto Benítez, con un currículum impresionante que incluye importantes estudios en derechos humanos y protección a las personas, realizados en universidades del estado de Veracruz y de Puebla; en el Washington College of Law y en la American University, de Estados Unidos.

Nadie duda de sus capacidades y preparación, pero la Comisión ha tomado un rumbo bastante fuera de lo que deberían ser sus funciones sustantivas, y claramente se ve que no responderá a las expectativas, suponiendo que algunos compañeros las tuvieran, porque por lo que a mí respecta siempre me pareció más la búsqueda de un efecto mediático, que un proyecto serio. Efecto que, por lo que se ve, tenderá a revertirse.

redaccion

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