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Leyes a modo

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Prospectiva

Por JAIME RÍOS OTERO

La contratación de deuda pública en Veracruz los últimos dos años ha sido inconstitucional, según concluye el doctor Hilario Barcelata Chávez en el más reciente número del boletín número 6, editado por el Observatorio de las Finanzas Públicas de la Facultad de Economía. El académico considera que la contratación del endeudamiento, por un lado, excede lo permitido por la Constitución General de la República sobre el tema; y, por el otro, ha sido fundamentado de manera deliberadamente incorrecta.

La primera razón encontrada por el doctor Barcelata es el precepto contenido en el artículo 117 de la Carta Magna, el cual define que tanto los estados como los municipios sólo pueden contratar obligaciones financieras o créditos para destinarlos a inversiones públicas productivas, es decir, omite autorizar la contratación de deuda para “cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda”, tal como sí lo autoriza la Constitución Política de Veracruz en su artículo 73.

En consecuencia, el precepto veracruzano contraviene de entrada la disposición de la ley suprema del país, que aporta un principio de exclusividad, pero además, en el estado se ha acomodado la legislación de tal manera que resulte útil para los proyectos endeudatorios de las autoridades, porque en septiembre de 2010 fue adicionado un párrafo al Código Financiero para que respaldara el excedido numeral 73.

De esta manera, el Código Financiero del estado de Veracruz, confirma esa contradicción cuando en su artículo 316 señala que: “… los recursos derivados de operaciones de financiamiento podrán destinarse a cubrir un déficit en la Hacienda del Estado, generado por situaciones de la economía nacional o estatal, o suscitadas por algún acontecimiento futuro e incierto que altere la planeación financiera original del Estado.”

Por otro lado, y para la información del señor Carlos Salvador Abreu, presidente de Canacintra, en 2011 la autorización para endeudarse fue con el objetivo de pagar la deuda vigente en ese momento, especialmente con las empresas que realizaron obras, prestaron servicios o vendieron bienes al gobierno, y que se mantenían en calidad de acreedores por un monto de 17 mil 400 millones de pesos. También para pagar a los bancos 12 mil 600 millones de pesos pendientes.

Naturalmente, por lo que se percibe de las recientes declaraciones del señor presidente de Canacintra, la deuda con los proveedores está viva. Y, por otro lado, de las quejas de numerosos empresarios, se sabe que también los constructores no sólo no han recibido sus pagos, sino que además han tenido que financiar la obra pública, porque no les dan ni siquiera anticipos.

Pero aparte de que no se ha respetado el destino que supuestamente iba a tener el dinero prestado por las instituciones financieras, porque los acreedores siguen llamando a las puertas de Sefiplan, la fundamentación legal fue tramposa. El decreto señala que la contratación de endeudamiento sería destinado a inversiones públicas productivas, explica el señor Barcelata, y el pago de débitos no es una inversión productiva.

El propio Código Financiero estatal indica lo que sí es una inversión productiva. Dice que las inversiones productivas son (artículo 316): “…la ejecución de obras, contratación de servicios, adquisición de bienes y (…) la rehabilitación de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos activos se genere, directa o indirectamente, un incremento en los ingresos públicos del Estado”.

En lo transcrito, el pago de deudas no aparece por ningún lado como inversión productiva.

Y finalmente, Hilario Barcelata refuerza su dicho sobre la inconstitucionalidad, con base en la iniciativa de reforma constitucional federal presentada recientemente, por los diputados del PRI para limitar el endeudamiento de los estados. Ésta propone agregar a la fracción VII del artículo 117, un inciso d) en donde se faculte a los estados y municipios a “…realizar operaciones de refinanciamiento y reestructura; siempre y cuando, las realicen bajo condiciones de mercado”.

O sea, la Constitución Federal apenas va a autorizar lo que en Veracruz ya tenemos años aplicando.

Es que siempre vamos a la vanguardia ¿no es cierto?

columnaprospectiva@gmail.com

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