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Prospectiva

Por JAIME RÍOS OTERO

Rubén Ricaño Escobar, hoy candidato a diputado por Xalapa rural, tiene en su haber histórico personal el ser la causa de que el Gobierno hubiera reformado la Ley de Bienes del Estado para evitar los embargos por sentencias que favorezcan a particulares.

Todo empezó cuando el joven Ricaño fue cesado de manera fulminante de su cargo como subdirector de Fortalecimiento Municipal en la Dirección de Desarrollo Municipal (hoy Invedem), dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

Detectado por el titular un año y medio después de tomar posesión, el licenciado Reynaldo Escobar Pérez decidió prescindir de sus servicios, lo que hizo de manera abrupta. Ricaño Escobar decidió irse por la vía legal para reclamar la falta de nobleza de Reynaldo y el pleito se fue hasta los primeros meses del año 2011, lo que significa que trascendió al régimen de la fidelidad y llegó al recién estrenado duartismo. Para no ir muy lejos, su representante, el licenciado Juan José Llanes Gil del Ángel, del Despacho Viades y Llanes, Abogados Asociados, decidió embargar las cuentas del Gobierno del Estado, lo que perentoriamente ejecutó, dejando los caudales de la Entidad, peor que como ya los había dejado Fidel, que oportunamente los desocupó.

Esto hizo que el nuevo y flamante secretario general de Gobierno, ingeniero Gerardo Buganza Salmerón, le ordenara al Congreso una reforma urgente a la Ley de Bienes del Estado, específicamente en su artículo 7, para que quedara así: “ARTICULO 7°.-Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables, con excepción de los enumerados en el artículo 4° de esta Ley. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda.

En este caso, la sentencia o laudo se  comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga”. Pero la cosa no paraba ahí.

El tercer párrafo advierte: “Los magistrados, jueces, actuarios, secretarios y demás funcionarios judiciales que ordenen, tramiten o ejecuten diligencias o traben embargos en contravención a lo  dispuesto en este artículo, incurran (sic) en la responsabilidad civil, administrativa o penal que establece la legislación estatal”.

En pocas palabras: ¡bote! para los funcionarios del Poder Judicial que se atrevieran, no a trabar embargos, siquiera a tramitar o ejecutar diligencias pertinentes al caso.   Bueno, pues eso duró desde el 13 de abril del 2011, que es cuando se publicó en la Gaceta Oficial, hasta el 31 de mayo pasado, cuando el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Arnulfo Moreno Flores, concedió el amparo y la protección de la justicia federal a una trabajadora de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, que reclamó la omisión en el pago de su liquidación laboral.

La empleada Marlene Contreras Pérez, recibió sentencia a su favor, dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para ser liquidada, y previo envío del oficio al titular del Ejecutivo de Veracruz para que, de acuerdo al primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Bienes, autorizara la liquidación, cosa que no hizo, la empleada se fue a la vía de amparo.

Así, el juez de Distrito emitió resolución favorable a la trabajadora, considerando fundados los conceptos de violación esgrimidos por ella.

Dice en juez en su sentencia: y “las prerrogativas y privilegios legales que tienen tanto la Secretaría del Medio Ambiente como el Gobernador Constitucional del Estado para no verse afectados sus bienes e ingresos por participaciones federales y estatales, el suscrito, atendiendo al principio pro persona está obligado a buscar que sean respetados los derechos humanos de la hoy quejosa, con el objeto de que lo más pronto posible, ambas responsables la restituyan en el pleno goce de los derechos humanos violados y de inmediato, una vez que cause estado la presente resolución, acaten el laudo condenatorio sujeto a estudio, dado que es su obligación legal acatar dicho laudo, resultando inexcusable que traten de evadir ese deber de cumplimiento, en la forma como lo han venido haciendo”. Reitera: “Sin que sean válidas las excusas y pretextos en que se han venido apoyando para eludir el cumplimiento del laudo que dio origen a esta instancia constitucional…”.

Y finaliza: “…debiendo desde luego proceder de inmediato al pago de lo condenado, así como al cumplimiento de los derechos laborales reconocidos a favor de la quejosa…”. ¿Sabe usted qué significa esto, querido lector? Significa que cualquier trabajador que haya sido obstaculizado por el Estado para regatearle sus derechos laborales con esa reforma a la Ley de Bienes, puede ahora acudir al amparo y lograr reivindicarlos. Y, en el remoto caso de que la oficina del Ejecutivo se niegue a pagarle a la trabajadora cuyo caso aquí comentamos, la nueva Ley de Amparo le concede un plazo de 72 horas a la parte condenada para cumplir, o en su defecto, la Suprema Corte de Justicia hará uso de las amplias y devastadoras facultades de que quedó dotada con la reforma, para disponer la destitución, sin tocar baranda, de quien viole el amparo.

Las reflexiones y consideraciones sobre las autoridades violadoras de derechos humanos, mismos que deberían garantizar y proteger, se las encomendamos a usted. Hasta el lunes. columnaprospectiva@gmail.com

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