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Nueva iniciativa endurecera penas contra el lavado de dinero y terrorismo

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CIUDAD DE MÉXICO. (Redacción).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Presidente de la República y turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales orientados a enfrentar de manera eficaz prácticas ilícitas como el lavado de dinero y el terrorismo.

 La iniciativa, que reforma disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, tiende a “ofrecer resultados tangibles del combate al lavado de dinero” y de conductas para socavar el estado de derecho.

 En cuanto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se agregan causales de sanción que irá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.

 Señala que cuando en dichas conductas delictivas se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda.

 La iniciativa  incorpora el delito de testaferato, como conducta punible autónoma; es decir, “la que se configura cuando una persona permite que se intitulen bajo su nombre bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita”.

Por lo que se refiere al terrorismo, el proyecto establece que se impondrá pena de prisión de 15 (antes eran seis) a 40 años, y de 400 a mil 200 días de multa, al que utilizando sustancias tóxicas , armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.

 O —prosigue la iniciativa— a quien atente “en contra de la integridad física, emocional, o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

La misma sanción se impondrá, abunda el texto, al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

 Añade que las sanciones se aumentarán en una mitad, esto a 21.5 o hasta 60 años de prisión y de 600 a mil 800 días de multa, cuando el delito sea cometido en contra de un bien de acceso público; se genere un perjuicio a la economía nacional o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

 Sin embargo, aclara que “las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional, que sin atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán como terrorismo”.

Respecto al delito de financiamiento al terrorismo, la iniciativa agrega dos artículos en el Código Penal Federal (139 quáter y 139 quinquies), en los que establece que se impondrá de 15 a 40 años, y 400 a mil 200 días de multa en los siguientes casos:

 Al que por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, para apoyar o financiar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser utilizados, ya sea en territorio nacional o el extranjero, en delitos como terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación y robo.

 Agrega que se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a 300 días de multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos de terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación.

 En materia de terrorismo internacional, la iniciativa añade una fracción, la cuatro, al artículo 148 bis, en la que impone una pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en el extranjero.

 Con estos cambios legales nuestro país cumple con una serie de compromisos derivados de convenciones internacionales en materia de combate al lavado de activos y el terrorismo, precisa el documento.

 En este sentido define lo que significa “persona internacionalmente protegida”: “Un Jefe de Estado y cada uno de los miembros de un órgano colegiado, que cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe de Gobierno o un ministro de relaciones exteriores, así como a los miembros de su familia que lo acompañen”.   Algunos detalles   Lavado

 Se agregan causales de sanción que irá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa. Asienta que uno de los retos fundamentales que enfrenta el Estado mexicano es el de fortalecer las acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, dada la magnitud del daño que éstas le ocasionan a la sociedad.   Terrorismo

 Pena de prisión de 15 (antes eran seis) a 40 años, y de 400 a mil 200 días de multa, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, material radioactivo, nuclear, mineral radiactivo, o instrumentos que emitan radiaciones o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.   Robo de sustancias

 Se agrega asimismo el artículo 368 quinquies al Código Penal Federal para señalar que a quien cometa el delito de robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de doce a 20 años de prisión y de 12 mil a 20 mil días de multa.   Decreto

 Obligado el Estado a fomentar crecimiento

 Emitió la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto por el que se reforman los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 El documento publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación indica que con la modificación al Artículo 25, “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

Asimismo, “que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

La disposición define que la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

 Con la reforma a los párrafos primero y tercero del apartado A del Artículo 26, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

 Destaca que el plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

 El decreto, que entrará en vigor a partir del 6 de junio, establece que el ejecutivo federal tendrá un plazo de 16 meses para iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a la presente reforma.

Fuente: La cronica

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