ColumnistasLic. Héctor Yunes Landa

Veracruz requiere gobiernos profesionales, transparentes y eficientes, no una figura transitoria

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ARTÍCULISTA INVITADO

LIC. HÉCTOR YUNES LANDA

Una Constitución Política debe reformarse poco, porque sus efectos son muchos. Por lo mismo, formular un cambio constitucional implica una gran responsabilidad: hacer un balance ponderado de los efectos en la vida de las personas.

La fracción legislativa del Partido Acción Nacional presentó una propuesta de reforma que modificaría el rostro político y electoral de Veracruz. La propuesta implica elegir en el año 2016 un gobernador de dos años y presidentes municipales de uno, para empatar las elecciones locales con las federales en el año 2018.

La iniciativa habla de seguir el mandato constitucional federal y de reducir costos en la organización de elecciones.

Los efectos que generaría la aprobación de esta propuesta sobre la vida de los veracruzanos serían muchos y algunos muy adversos. Sus beneficios, de haberlos, serían muy limitados.

Primero, no hay obligación constitucional para homologar todas las elecciones al calendario federal. Existe sólo la obligación (art. 116) de empatar al menos una elección local a la federal.

Segundo, la propuesta no generaría ahorros significativos en el corto plazo, y sí traería graves consecuencias económicas para la entidad. Bajo el esquema propuesto por el PAN habría cinco elecciones entre el año 2016 y el 2022. Las mismas que se celebrarán bajo el marco legal actual.
No hay, así, beneficios tangibles. Sí hay, en cambio, riesgos de importancia.

Primero. Organizar una elección para elegir a un gobernador de dos años y diputados locales de dos años, incrementa los costos relativos de la elección. Gastamos lo mismo, pero con peores resultados, como veremos a continuación.

Segundo. Un gobernador de dos años no posee la fuerza ni los instrumentos para gobernar eficientemente. El proceso de entrega recepción, la obligación de articular un plan de desarrollo consensuado, y las restricciones diversas ante los procesos electorales, convierten a un gobernador de dos años en uno de bajo rendimiento. Se busca una figura transitoria, cuando Veracruz requiere gobiernos profesionales, transparentes y eficientes.

Tercero. Un alcalde de un año es una mera figura decorativa.

Cuarto. Estos vacíos terminarían por dislocar la frágil economía veracruzana. De acuerdo al IMCO, la economía de Veracruz decreció en términos reales el año pasado. Sin políticas públicas de largo aliento, con autoridades disminuidas, el efecto económico de esta reforma podría ser muy serio para la entidad. Todos los proyectos de inversión pública, las asociaciones público privadas, estarían sujetas al corto plazo. No todo lo económico lo resuelve el gobierno, pero no hay economía que funcione sin gobierno.

Quinto. En 2018, los veracruzanos tendrían que elegir 7 cargos diferentes. Presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y alcaldes. El bombardeo publicitario sobre los ciudadanos sería indiscriminado y con tantos cargos en disputa, las propuestas serían de difícil comprensión para muchos electores.

Sexto.- Empatar todas las elecciones locales con las federales, genera un efecto secundario electoral muy relevante. Muchos ciudadanos definirían sus votos con base en el cargo más alto, en este caso, el de Presidencia de la República. Esto puede traer repercusiones serias en la conformación política de la entidad. Ya hemos visto cómo la presencia de candidatos presidenciales fuertes elevan la votación en favor de fuerzas políticas que solas no poseen la misma competitividad. Esto no es menor. Hay que voltear a Venezuela, Ecuador o Bolivia para comprobar los efectos que esto puede tener.

No podemos someter a Veracruz a la camisa de fuerza del cortoplacismo. El corto plazo conduce a administrar la coyuntura, a fijar la mirada en lo inmediato. La propuesta del PAN no generará ahorro, ni certidumbre, ni abona a una democracia de calidad.

Una Constitución Política no puede someterse al cálculo político. La ley no puede adaptarse a consideraciones personales. El bienestar de muchos no puede sujetarse al interés de pocos.

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