Estatal

Iniciativa de decreto que reforma disposiciones del Código Civil

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DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 34 Fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, y el artículo 8 Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, TODAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desnaturalizar cualquier tipo de violencia sigue siendo un trabajo inacabado en la agenda de los derechos humanos. El fin de la presente iniciativa, pretende contribuir a modificar conductas que traten de generar sentimientos de animadversión entre los integrantes de la familia. Nos referiremos en este caso de manera especial a las relaciones que se generan entre los padres separados y sus hijos e hijas.

El Partido Acción Nacional desde sus principios de doctrina, señala que el Estado tiene la función esencial de hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político justo. Y desde el Poder Legislativo, entendemos que la responsabilidad de salvaguardar los derechos de cada uno de sus integrantes, es tarea nuestra.

Asumimos que las nuevas estructuras familiares demandan un cambio en la percepción de la familia más tradicional y, por ende, un cambio en la dinámica tradicional/lógica que atañe o acompaña al derecho; por ello, es indispensable resolver desde la ley las repercusiones que conlleva el conflicto familiar ante una ruptura de pareja, que se agrava de manera exponencial cuando uno de ellos rompe su vínculo con sus hijas e hijos menores de edad , tomando en cuenta que el seno familiar sigue siendo el protagonista de la crianza y desarrollo del ser humano.

La presente propuesta pretende adaptar el derecho a estos cambios familiares, que en muchos casos, vulneran el libre desarrollo de las personas involucradas, en este caso, nos referiremos al desarrollo de los hijos e hijas de padres separados o divorciados.

El divorcio conflictivo de los cónyuges, puede devenir en la manipulación de sus hijos e hijas para generarles sentimientos de rencor hacia uno de sus padres, para afectar su imagen, lo que crea sentimientos de confusión e inseguridad en los menores, y que va en detrimento de su libre desarrollo como persona. A esta conducta se le denomina Alienación Parental; y si bien, estas conductas son vistas como un problema familiar, tienden a tener proyección y repercusión social.
Una definición de la alienación parental, señala que este consiste en las conductas que genera el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio. Es importante señalar que aunque en principio, la alienación se atribuía a la madre o padre custodio, también estas conductas pueden ser ejercidas por quien tiene decretado el derecho del régimen de visitas y convivencia.

Las afectaciones que se causen a la niñez víctima de estas conductas pueden ser de difícil, si no es que imposible, reparación; de ahí la necesidad y el compromiso de aportar al conocimiento y manejo adecuado del tema. Y en este caso, prever desde el derecho civil lo conducente para resolver esta problemática.

Ahora bien, el artículo 4º Constitucional en su párrafo nueve establece que: “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. En esta tarea de Estado, se inscribe la presente iniciativa, en garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños.
Por su parte, el párrafo diez del citado artículo 4º Constitucional establece que: “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”. De tal forma, que si ligamos estos preceptos con el tema de la alienación parental, tenemos que es obligación de los ascendientes, tutores y custodios, preservar los derechos de los niños y, de forma subsidiaria, una obligación del Estado.

El tema es de interés y atención prioritarios, por ello, debemos atender desde la ley este problema, con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos humanos de niñas y niños que con este tipo de manipulación de sus padres puedan ver afectado su normal desarrollo, y vulnerado su derecho a la identidad, al apego, y a desarrollar una convivencia pacífica y permanente con ambos padres, afectando gravemente la dinámica familiar.
En este escenario conflictivo encontramos un denominador común: la utilización, por parte de un progenitor, de los hijos/as como herramienta o medio para castigar al otro padre, ya sea porque hay una separación o divorcio de donde pueden desprenderse consecuencias como el impago de alimentos o la sustracción del hijo o hija, entre otras.

No podemos ignorar todas éstas situaciones que van de la mano con las nuevas estructuras familiares y a las que el derecho debe de dar respuesta para garantizar el Interés superior de la infancia, hacia la máxima protección de este grupo vulnerable

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, subraya la prioridad de la aplicación del interés superior de la niñez, al referirse, entre otras expresiones, a que “el niño viva en familia” y que el niño “tenga una vida libre de violencia”. Este principio se encuentra expresado en su artículo tercero, cuando señala que “en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del menor

Bajo este principio plasmado en la citada Convención, es necesario considerar que el Estado tiene obligaciones provenientes de los principios constitucionales e internacionales respecto a la garantía de los derechos de las y los niños; lo que exige a las y los juzgadores, acciones particulares aun cuando las leyes no lo establezcan de manera específica.

En este orden de ideas, y en el caso de alienación parental, el interés superior de la infancia debe prevalecer sobre cualquier otro interés, incluso el de los padres; pues así lo mandata el Artículo 9 de la multicitada Convención, “a respetar el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”; de esto se colige que la convivencia del menor con sus padres es un derecho de suma importancia para el desarrollo del menor, pues su violación repercute severamente en el libre desarrollo de su personalidad.

Es pertinente puntualizar que la presente iniciativa no pretende señalar al padre o a la madre responsable de la guarda y custodia del menor, como la única persona que puede ejercer la alienación parental, pues esta conducta puede realizarla también el padre o madre con el derecho al régimen de visitas y convivencia, en razón de que ambos tienen la responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de su hija o hijo; y de que los principios del interés superior del menor y de corresponsabilidad de los progenitores, supone un avance en la igualdad entre mujeres y hombres respecto a los derechos y deberes derivados de la maternidad y paternidad.

El interés superior como derecho humano debe ser trabajo obligado del poder legislativo, al abordar los temas relativos a la niñez, y la alienación parental no es la excepción

El interés superior de la niñez es un concepto constitucional, del cual, no es posible ni deseable, elaborar una definición, ya que “su alcance variará en atención a la legislación de la que se trate, al derecho en sí que se ejercite, o bien, a las circunstancias personales del menor respecto del cual se vela por su interés”.

Reconocemos que el significado del término “alienación parental” aún se encuentra en discusión, sin embargo, más allá de un mero juego de palabras o definiciones, lo que se intenta es darle un cauce legal a esta conducta que sí es una realidad en las familias con padres separados y con hijos e hijas menores de edad, pues lo que no se puede dejar pasar como Poder Legislativo, es la obligación que tenemos, al crear, armonizar o reformar la ley, de proteger de manera integral la autonomía progresiva de los derechos de las niñas y niños.

El Estado debe asegurarse que, tanto la creación como la aplicación de las normas, tengan un efecto útil para esos derechos. Es decir, que todas las autoridades, tanto legislativas como las y los operadores de justicia, tienen la responsabilidad de identificar sus obligaciones puntuales desde una perspectiva reforzada para la atención y protección de las condiciones particulares que enfrentan niñas y niños de padres separados.

El pilar de esta propuesta es salvaguardar el interés superior del menor, por tanto, después de un dictamen emitido por el especialista, corresponde a la autoridad jurisdiccional decidir si tal alienación existe y tomar una decisión apegada a derecho y justa. Es menester que, para resolver, el juez considere la opinión del menor de manera directa y determinar si se retira el derecho de convivencia o custodia al supuesto padre alienador, valorando si estos derechos/obligaciones pudieran importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor; dicho de otra forma: el Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los menores, quienes serán escuchados.

Con base en lo anterior, se propone establecer la alienación parental en un tercer párrafo del Artículo 345 del Código Civil que señala los deberes de los padres separados o en proceso de separación respecto de sus hijas e hijos; adicionando la definición de alienación parental con la finalidad de que el juzgador la identifique y tome las medidas conducentes. Asimismo, se incluye la suspensión de la guarda y custodia cuando se acredite la alienación parental.

De igual forma, se propone reformar el artículo 218 BIS del Código de Procedimientos Civiles, para establecer que en la audiencia del artículo 157 y del 145 del Código Civil, y conforme a la jurisprudencia de los colegiados, los jueces estén obligados a escuchar a los menores de edad en aquellos juicios donde se encuentre en juego sus intereses; en especial en aquellos casos donde se advierta por parte del juez la presencia de una alienación parental, facultándolo para actuar en forma inmediata y haciendo valer de manera oficiosa, todos y cada uno de los instrumentos que le permitan contrarrestar los efectos de esa conducta, como pueden ser el uso de profesionistas en la psicología o trabajo social, reenvío o participación de los mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa y como opción final, la suspensión temporal del ejercicio de la guarda y custodia o limitación del régimen de visitas y convivencia del padre, madre, o de ambos.
También se establece que el tratamiento para la niña o niño alienado será proporcionado por el Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia o el área que determine el Juez.

Finalmente, se propone reformar la Fracción V, y recorrer las fracciones subsecuentes, del Artículo 6 de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que la mediación se aplique también en materia de alienación parental.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 345 Y REFORMA EL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; REFORMA EL ARTÍCULO 218 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; Y REFORMA LA FRACCIÓN V, Y RECORRE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo al Artículo 345 del Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

ARTICULO 345…

Cuando alguno de los padres, separados o en proceso de separación, manipule la conciencia de sus hijos e hijas, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de ellos, se denominará alienación parental.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 346 del Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
ARTICULO 346…
No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a solicitud de cualquiera de ellos, el juez resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitase, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. Asimismo, podrá suspenderse la guarda y custodia, en caso de acreditarse la alineación parental prevista en el artículo 345 del presente Código.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el Artículo 218 BIS del Código de Procedimiento Civiles para el estado de Veracruz, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 218 BIS…

 

De advertirse o presumirse la existencia de alienación parental en el desahogo de las audiencias especiales, previstas por los artículos 157 y 345 del Código Civil, el Juez exhortará a los progenitores a acudir a la mediación, de no haber voluntariedad o acuerdo, se continuará la secuela procesal correspondiente, ordenando recabar de oficio las pruebas necesarias para determinar lo conducente.

De confirmarse la existencia de la conducta señalada en el párrafo anterior, podrá ordenarse la suspensión de la guarda y custodia, la suspensión o limitación del régimen de visitas y convivencia, o de cualquier otra medida que garantice el interés superior del niño.

El tratamiento para la niña o niño alienado será proporcionado por el Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia o el área que determine el Juez.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la Fracción V, y se recorren las fracciones subsecuentes, del Artículo 6 de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 6…
I a II…

III a IV…
V. De alienación parental
VI. Indígena, en la que los agentes municipales o jueces auxiliares nombrados por la comunidad colaborarán para la aplicación de los medios alternativos, procurando que en la solución de los conflictos se apliquen sus usos y costumbres.

En caso de ser necesario, se utilizará la ayuda de un traductor proporcionado por el Estado; y

VII. En cualquiera otra, cuando lo soliciten las partes y siempre que el objeto no sea contrario a la moral ni a las buenas costumbres.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO: Se deroga cualquier disposición contraria al presente decreto

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los 29 días del mes de julio de dos mil catorce.

ATENTAMENTE

Diputado Edgar Hugo Fernández Bernal
Diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés
Diputado Jorge Vera Hernández
Diputado Alejandro Zairick Morante
Diputada María del Carmen Pontón Villa
Diputada Ana Cristina Ledezma López
Diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia
Diputado Alfredo Valente Grajales Jiménez
Diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez
Diputado Julen Rementería del Puerto

redaccion

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