Estatal

Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

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DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE

 

Los y las diputadas integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y el artículo 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; con base en la siguiente:

 

 

Exposición de motivos

 

El 12 de Diciembre de 2005 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 18 Constitucional, en la cual estipula que: la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia, cuya operación en cada orden de gobierno, estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia socia

 

Por otra parte, el artículo 18 constitucional, prevé garantías para un debido proceso, y con este fin, todo adolescente del que se alegue que ha infringido las leyes penales se le respeten sus derechos humanos, dentro del proceso,  como son: a la legalidad; a ser informado; a una jurisdicción especializada, de audiencia y defensa; a guardar silencio, a interrogar y contrainterrogar; a apelar e interponer recursos; a tener intérprete gratuito y de respeto a su vida privada.

En este escenario hay que considerar el principio de protección y el desarrollo integral que alude a lo establecido en el artículo 4º, que a la letra dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Dicha reforma, retoma los principios de la Convención de Derechos de los Niños donde se les reconoce su condición de sujetos de derecho y establece la obligación al Estado de brindarles medidas especiales de protección, junto con otros instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos. Donde el principio de “interés superior del niño”, expresado por la Convención de Derechos del Niño, significa una nueva concepción respecto a la condición jurídica y material de la infancia, entendido como la premisa bajo la cual se debe aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, abandonando la concepción del sujeto como “incapaz” y logrando el respeto de todos sus derechos.

Al respecto, es importante enfatizar que de la protección de la infancia, en especial el gran número de ratificaciones de la Convención de Derechos del Niño, se refleja el desarrollo actual de esta materia y del cual se desprende la obligación especial para los Estados de adecuar “una política integral para la protección de las y los niños” y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute pleno de sus derechos.

Estos principios desarrollados ampliamente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deben reflejarse en la legislación interna mediante un proceso de adecuación normativa, y considerar que la doctrina latinoamericana la denomina como “Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, al nuevo paradigma del Derecho Penal Juvenil”, compuesto por la misma Convención Internacional de Derechos del Niño. Fomentando que el niño o adolescente, sea considerado como un sujeto de derecho, con derechos y obligaciones y no como un mero objeto de la tutela familiar y estatal, como acontecía en el viejo modelo tutelar, que la doctrina ha identificado como “de la situación irregular”.

El sistema que por muchos años prevaleció en México y que fue modificado con la entrada en vigor de la reforma constitucional antes mencionada, consideraba al sujeto menor de edad como un ser carente de capacidades de decisión, posibilidad de reflexión, ausencia de derechos y objeto de protección, por el mismo “Sistema Tutelar”.

Este sistema, se basa en un uso indiscriminado del internamiento o encierro, de niños, niñas y jóvenes, desconociendo los derechos y garantías fundamentales de los que son titulares todas las personas sin distinción de edad. Por ello, la reforma constitucional trasciende de forma sustancial la aplicación actual de justicia en materia de niños, niñas y adolescentes y retoma de forma acertada los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

En particular, ordena a la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia garantista, en oposición del modelo tutelar.

En Veracruz, se publicó el día 11 de septiembre de 2006 en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley de Responsabilidad Juvenil del Estado, que entró en vigor el 11 de julio de 2007, y en cuyo artículo segundo transitorio se derogó la Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para menores Infractores del Estado de Veracruz.

Con dicho acto jurídico, se dio el paso que deja atrás el modelo tutelar y acercar a los adolescentes, a un modelo de corte garantista, es decir, un derecho penal de tipo acusatorio y oral, como más tarde se implementó en los adultos.

En este sentido, dada la naturaleza de la Reforma Constitucional del artículo 18 y del establecimiento de un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Ámbito Federal y en nuestra entidad, evidentemente se hace necesario realizar modificaciones de armonización a los ordenamientos de nuestro Estado que conserven reminiscencia del modelo tutelar ya superado, tales como la Ley de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Veracruz y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En el caso de la Ley de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de establecer que el sistema de justicia para adolescentes es tendiente a la reinserción familiar y social del adolescente, garantizando en todo momento sus derechos humanos y el carácter socioeducativo de la medida sancionadora, que incluye la prevención de delinquir de nuevo.

Respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se propone derogar toda referencia a la Comisión Jurisdiccional para adolescentes, que fuera introducida en la última reforma a la ya abrogada Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para menores Infractores del Estado de Veracruz.

De tal forma, que en sustitución de dicha comisión jurisdiccional, se crearon en su oportunidad los juzgados especializados para adolescentes, sin embargo, se omitió una adecuada armonización en dicha Ley Orgánica, misma que hoy proponemos a fin de retirar de nuestro marco jurídico toda referencia al ya superado sistema tutelar de adolescentes.

Así mismo, para hacer congruente lo anterior, consideramos oportuno introducir en la Ley de Responsabilidad Juvenil del estado en vigor, el carácter de “especialización” que el nuevo modelo de protección integral demanda, acorde a lo expresado por nuestro máximo tribunal en la Tesis jurisprudencia P./J. 67/2008, donde se considera que el mandato de especialización, según la redacción del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé respecto de las “instituciones, tribunales y autoridades” que formen parte del sistema de justicia para adolescentes. Esta expresión, en el contexto interpretativo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traduce en que policías, agentes del Ministerio Público, juzgadores, defensores y, en general, quienes participen en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, cuenten con la suficiente capacitación en la materia, que los autorice a ejercer tales funciones. Sin embargo, es preciso distinguir entre quienes por la función que tienen encomendada o por la fase del sistema en que intervienen, no entran en contacto directo con los adolescentes -a quienes no les resulta exigible, por igual, el aspecto subjetivo del perfil (trato), de los operarios que sí lo hacen (por ejemplo, policías), así como de aquellos cuyas decisiones inciden de manera directa sobre ellos (por ejemplo, defensores o Jueces), para quienes el aspecto subjetivo del perfil es indispensable.

Por lo anterior, la presente reforma tiene como objetivo, derogar los vestigios del anterior sistema tutelar en nuestra legislación, enfocándonos en la importancia de reconocer que los procesos históricos a nivel mundial, han configurado paulatinamente un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, congruente con su doctrina Humanista, pretende al reformar estas Leyes, que se garanticen  y protejan plenamente los derechos de todas y todos los jóvenes veracruzanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea  el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL; LOS ARTÍCULOS 8º, 91 FRACCIÓN IV, 99, FRACCIÓN XVII DEL 104 Y FRACCIÓN I DEL 155 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CUARTO Y QUE DEROGA EL ARTÍCULO 90 DE DICHA LEY ORGÁNICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo 108. El sistema de responsabilidad juvenil reconocerá los derechos humanos de las y los adolescentes; su interés superior, así como su calidad de sujetos de derecho. Las medidas sancionadoras que se adopten tendrán como objetivo la reinserción familiar y social; por tanto, tendrán un carácter socioeducativo tendiente a restablecer su formación integral.

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo 32.

Ningún adolescente podrá ser juzgado o sancionado sino por los juzgados especializados previamente establecidos con anterioridad al hecho.

Artículo 33.

1.- El juzgamiento y la decisión respecto a los delitos cometidos por los adolescentes se llevarán a cabo por jueces especializados pertenecientes al Poder Judicial del Estado y sólo sometidos a la Ley.

ARTÍCULO TERCERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8º, 91 FRACCIÓN IV, 99, 104 Y 155; ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CUARTO Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

 

Artículo 8. Los Jueces de adolescentes serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previa evaluación que realice el Instituto de Formación,  Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial u órgano colegiado correspondiente, a fin de acreditar la especialización en la materia. Sus requisitos y permanencia se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 5º de esta Ley.

TITULO CUARTO

DE LOS JUZGADOS Y DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE VERACRUZ

Artículo 90. DEROGADO

Artículo 91. (…)

I a III.-(…)

IV. Acreditar la especialización en la materia, lo que se podrá acreditar con la constancia que expida el instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial o institución educativa con reconocimiento oficial.

 

Artículo 104. El Consejo de la Judicatura tendrá competencia para:

I a XVI.- (…)

XVII. Practicar visitas a los juzgados, así como realizar investigaciones sobre casos concretos;

Artículo 155. Son hábiles todos los días del año, excepto:

I. Los sábados y domingos; además, el uno de enero; cinco de febrero; veintiuno de marzo; primero y cinco de mayo; quince y dieciséis de septiembre; doce y veintiuno de octubre; primero, dos y veinte de noviembre y veinticinco de diciembre; sin embargo, tratándose de asuntos urgentes en materia penal conforme a esta Ley, serán hábiles los sábados para las Salas del Tribunal, y los sábados y domingos para los juzgados, en términos de lo dispuesto por las leyes aplicables;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los ocho días del mes de julio de dos mil catorce.

 

Las presentes firmas corresponden a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la, en materia de armonización de justicia para adolescentes, presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el quince de julio de dos mil catorce.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN AVILÉS

DIPUTADO CARLOS GABRIEL FUENTES URRUTIA

 

DIPUTADO DOMINGO BAHENA CORBALÁ

 

DIPUTADO JULEN REMENTERIA DEL PUERTO

 

DIPUTADO EDGAR HUGO FERNANDEZ BERNAL

 

DIPUTADO JORGE VERA HERNÁNDEZ

 

DIPUTADO VÍCTOR ROMÁN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

 

Las presentes firmas corresponden a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la, en materia de armonización de justicia para adolescentes, presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el quince de julio de dos mil catorce.

 

 

DIPUTADO MARÍA DEL CARMEN PONTÓN VILLA

 

DIPUTADO ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ

 

DIPUTADO ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE

redaccion

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