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Suman 500 millones deudas laborales de ayuntamientos

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XALAPA, VER. (Redacción).- La Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso del Estado de Veracruz que preside la diputada panista María del Carmen Pontón Villa, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto con el objetivo de evitar que los ayuntamientos sostengan deudas laborales o laudos.

Durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria, en el pleno, la congresista explicó la propuesta de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como a la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz.

Ante los diputados, indicó que la suma de laudos en la entidad alcanzan los 500 millones de pesos, adquiridos por diversos ayuntamientos en los cambios de administración.

Pontón Villa explicó que la iniciativa conjunta con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Raúl Zarrabal Ferat (PRI) y Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD), busca que los municipios fijen en sus presupuestos de egresos las cantidades para el pago de indemnizaciones.

La diputada precisó que de aprobarse su iniciativa las administraciones públicas estarían obligadas a formular y actualizar anualmente sus catálogos de puestos.
“Así, los funcionarios municipales entrantes tengan muy claro cuáles son los puestos que se catalogan de confianza y puedan contratar personal, sin el riesgo de que al finalizar la administración sean demandados laboralmente”, detalló.

Insistió en que al modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre, se obligaría a los ayuntamientos a otorgar al trabajador una constancia que especifique el cargo a desempeñar según el catálogo y las causales del término del nombramiento.

Dijo que si durante un juicio no se prueba el motivo del cese de un empleado de confianza, éste tendrá derecho a lo que estipula la ley (tres meses de salario mínimo o reinstalación) siempre y cuando sea en la administración en la que fue contratado.

“El trabajador tendrá derecho al pago de salarios vencidos desde la fecha de despido, hasta por un periodo máximo de doce meses”, argumentó.

La diputada local destacó que todo aquél abogado, litigante o representante de trabajadores que pretenda retrasar un juicio laboral, sería multado de cien a mil salarios mínimos vigente en el Estado de Veracruz.

redaccion

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