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Consignan a ex funcionarios por retraso

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CIUDAD DE MÉXICO. (Redacción).- Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia ordenó consignar penalmente a ex funcionarios por la tardanza injustificada para cumplir una sentencia de amparo.

El Pleno de la Corte ordenó hoy, por 7 votos contra 2, consignar ante un juez federal por dos delitos de abuso de autoridad al ex Tesorero Municipal de Torreón, Pablo Chávez Rosique, así como a dos ex funcionarios de menor rango.

Los ahora acusados tardaron más de seis meses para cumplir dos amparos otorgados a principios de 2013, que ordenaban devolver a contribuyentes 7 mil 623 y 770 pesos, pagados por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, así como realizar nuevos avalúos catastrales de sus predios.

Se trata del primer caso resuelto bajo las reglas más estrictas de la nueva Ley de Amparo, que desde abril de 2013 faculta a la Corte para sancionar incluso a funcionarios que sí cumplen una sentencia, pero que lo hacen de manera claramente extemporánea y sin justificación.

La mayoría de ministros enfatizó que los ex funcionarios, que dejaron su cargo al cierre de 2013, en ningún momento justificaron la tardanza ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, que les formuló múltiples requerimientos, ni tampoco dieron explicaciones al tribunal colegiado de circuito que tramitó el incidente de inejecución de sentencia.

Fue hasta la semana pasada cuando el actual Tesorero de Torreón presentó un oficio ante la Corte en el que explicó que enfrentan decenas de amparos por este tema, en los que tienen que pagar más de 30 millones de pesos, y pidió permiso para liquidar en varias exhibiciones las devoluciones que excedan de 30 mil pesos.

“Ellos mismos dicen que no podían cumplir más que con las (devoluciones) menores de 30 mil pesos, como es el caso clarísimo de esta, de 7 mil y tantos pesos”, dijo el ministro Luis María Aguilar, que aclaró que el Municipio también fue omiso en realizar los nuevos avalúos ordenados en los amparos.

En la minoría, Fernando Franco destacó que el problema no es culpa de los municipios, sino del Congreso de Coahuila, que aprobó una ley de ingresos que fue declarada inconstitucional y no ha sido reformada.

Además de Chávez Rosique, serán consignados el ex Jefe de Catastro Municipal, Roberto Flores Zamudio, y el ex responsable de Verificación Física de Catastro, Juan Angel Salas Rocha, todos durante la administración del priista Eduardo Olmos Castro.

La nueva Ley de Amparo busca frenar la práctica que durante años han realizado muchas autoridades, sobre todo las del Distrito Federal, que consiste en incumplir sistemáticamente las sentencias de amparo, y solo acatarlas meses o años después, hasta que el caso llega a la Suprema Corte y ésta alista una sanción.

Debido a esto, ahora no bastará probar que se cumplió la sentencia, sino que se tendrá que justificar la tardanza.

Fuente: Reforma

redaccion

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