Eduardo de la Torre Jaramillo

Reflexiones en torno a la nueva ley de pensiones

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Eduardo de la Torre Jaramillo

 

En México y por ende en Veracruz se tiene una sociedad de “derechos” pero no de “obligaciones”, por eso cuando se habla de seguridad social en este país no se tiene ni la conciencia ni la responsabilidad de coadyuvar a ella, porque el centro de aquella es la contribución al Estado vía impuestos; mientras en México sólo se pague el 11 por ciento de impuestos con relación al Producto Interno Bruto, y a veces tenemos el error de compararnos con Suecia que tiene más de cien años con un Estado del Bienestar, en el cual sus ciudadanos pagan casi un setenta por ciento de impuestos con referencia al Producto Interno Bruto, pues simplemente no hay comparación de los beneficios que se obtienen cuando se llega a ser un adulto mayor y que pueda gozar de una jubilación o pensión, más otras prestaciones sociales.

He leído con mucho detenimiento las críticas hacia lo “injusto” de la medida tomada para fortalecer el sistema de pensiones en Veracruz, y afirman que sus “derechos adquiridos” están vulnerados, que han sido violados constitucionalmente, que el que paguen una contribución es un doble pago ahora que están jubilados; estos señalamientos son falaces porque la reforma es sobre “expectativas de derecho”, es decir se legisla para el futuro y por ende los 25,850 pensionados y jubilados que tiene el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no les afecta en absolutamente en nada; las nuevas medidas aplicarán para los nuevos pensionados y jubilados.

Continuando con la línea de reflexión anterior, la seguridad social en México cuando se instauró en el siglo pasado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la expectativa de vida de los mexicanos era de 57 años; hoy de acuerdo al INEGI es de 75 años, esto situado en 2010; y en el plano de las aportaciones que hacia un trabajador durante 30 años, una vez jubilado, si se sumará todo ese dinero, únicamente alcanza para pagarle sus primeros 3 años de jubilado o pensionado; mientras el Estado tiene que sostenerlo durante 25 o más años que vive el trabajador; y al no haber empleo y un ínfimo pago de impuestos en el país, pues es muy difícil que se pueda sostener la seguridad social; en el caso del IPE, cuando éste nace, eran 12 trabajadores los que sostenían a 1 jubilado; ahora son 1.5 trabajadores que sostienen al mismo jubilado. De acuerdo a esta nueva realidad social, se tiene que realizar una reforma que abarque todos estos aspectos, los especialistas le llaman “paramétrica”.

Por ejemplo, en Oaxaca con un gobierno estatal de coalición se realizó una reforma paramétrica, donde cotizan los pensionados y jubilados; además se aumentó la edad de 33 años de servicio los hombres y 31 años para las mujeres;inclusive la edad de jubilación será de 65 años hombres y 63 años mujeres. Las aportaciones serán de 9% los trabajadores y Gobierno y Organismos Públicos 18.5%. Es pertinente mencionar que esta reforma se produjo en el contexto de una reforma del Estado local, por eso tuvo el consenso necesario y las críticas fueron mínimas.

A diferencia de lo que pasó en Veracruz, aquí hay una resistencia social con la Copipev y otros sindicatos minoritarios; aunque saben que los “miles” de amparos no van a proceder, porque allí está el antecedente de los 98 amparos a la Ley del ISSSTE, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló que no era anticonstitucional dicha reforma y que se sujetó a lo que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI; además no es retroactiva porque la reforma es sobre “expectativas de derecho”; y con el incremento de cuotas y aportaciones es legal, ello de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción II; y finalmente, las cuotas no son contrarias a la progresividad de los derechos sociales, ya que se cumplecon el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de “San Salvador”, adicional a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Regresando al activismo de la Copipev es sólo para presionar y obtener un asiento en el Consejo Directivo del IPE.

En el plano nacional, es pertinente mencionar que actualmente en México existen 105 sistemas públicos de pensiones con cuatro millones de pensionados, lo que representan pagarlas con el 104% del PIB, ese es el pasivo actuarial o la presión financiera total a precios actuales; definitivamente este tema es una auténtica bomba de tiempo para la economía del país, la cual bien podría representar otra crisis. Por ejemplo, de 2001 a 2014, creció en un 2154% el pago destinado a las pensiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación; el cual fue de 94 mil 023 millones de pesos en 2001, y para este año 2014, el monto ascendió a 336 mil 373 millones de pesos; dicha presión puede explotar en este sexenio, lo que llevaría a un incumplimiento en el pago de las pensiones y por supuesto a una severa crisis social y política. Ese es el escenario posible al que se va a enfrentar el actual gobierno federal, aunque con el Fondo Mexicano del Petróleo, en caso de que exista insolvencia económica con pago de las pensiones, dicho Fondo las absorberá.

Finalmente, como la oposición ya no existe en este país ni en Veracruz, la cual debería de presentar una propuesta alternativa a cualquier medida gubernamental, como en este caso en particular, el tema de las pensiones; hoy únicamente son una “oposición echeverrista”, la cual “está en contra de todo y a favor de nada”; es la generación del “no” a todo, y la desgracia es que están más interesados en acumular dinero y parecerse cada día más a lo que criticaron durante muchos años. No tienen ideas, ni propuestas, ni siquiera el sentido común les funciona para demostrarle a la sociedad ¿por qué se les debe votar, si son igual que aquellos?.

redaccion

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