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Duarte pagará errores del Congreso

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Prospectiva

Por JAIME RÍOS OTERO

 

 

Rubén Ricaño Escobar irritará nuevamente al gobernador del Estado, cuando el jefe de las instituciones veracruzanas se entere de que puede ser sujeto a proceso por cometer un delito que se llama incumplimiento de las sentencias de amparo, pero que también sería destituido del cargo que tanto disfruta… lo anterior, si no subsana, mediante el desembolso de 7 millones de pesos, errores del Congreso del Estado.

Todo comenzó cuando Rubén se puso a criticar desde las páginas del Diario de Xalapa al alcalde Reynaldo Escobar Pérez por las obras de saneamiento; si no lo hubiera hecho, éste no lo hubiera despedido cuando asumió la titularidad de la Secretaría de Gobierno, donde el martinense laboraba, pese a que tardó un año en detectar que ahí lo tenía.

Tampoco se hubiera generado la demanda laboral por despido injustificado que presentó Ricaño y que litigó con absoluto éxito el prestigioso despacho Viades, Llanes y Asociados. Y mucho menos Rubén y sus abogados le hubieran vaciado las cuentas de Banorte a la Secretaría de Gobierno, donde un petulante y elemental Gerardo Buganza Salmerón hizo la rabieta de su vida al verse, de pronto, recién llegado y sin recursos para el gasto corriente.

Ni tampoco Buganza le hubiera ordenado al Congreso que le “blindara” los haberes estatales mediante la reforma a la Ley de Bienes del Estado de Veracruz, para que quedara, desde 2011, de manera contundente, como sigue:

“Artículo 7°.- Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la sentencia se comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga”.

Sin embargo, tal como decíamos antes, el titular del Ejecutivo está a punto de derramar la bilis cuando se entere de que, como producto del blindaje que le mandó a hacer su primer Secretario de Gobierno, y que seguramente él mismo aprobó con singular alegría, ahora tendrá que pagar la friolera de 7 millones de pesos por concepto de prestaciones que se les adeudan a empleadas despedidas ¡POR EL PODER LEGISLATIVO!

En efecto, en el año 2009 fueron cesadas dos trabajadoras al servicio de la Legislatura, mismas que presentaron la demanda laboral ante las instancias correspondientes, bajo el patrocinio del licenciado Juan José Llanes Gil del Ángel y el cuerpo de juristas que lo acompaña. Sin entrar en minucias sobre el camino que siguió la demanda, donde hubo todo lo que se estila, más amparos directos e indirectos, porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se empeñó en volver tortuoso el asunto para no meterse con “los jefes” del Congreso, finalmente, ante la imposibilidad de usar la vía de apremio y los actos de ejecución, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resolvió un recurso de revisión donde establece que:

“… para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado de Veracruz, la sentencia debe comunicarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga en el laudo; es decir, que la legislación del estado de Veracruz, prevé otra forma para cumplir los laudos, y no sólo el embargo de bienes y la vía de apremio o mandato de ejecución. Máxime que el propio Congreso del Estado de Veracruz, emitió esa disposición legal y, por tanto, es el principal obligado a observarla….”

“…requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, … para que de manera inmediata dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz, y comunique al Ejecutivo del Estado, la resolución dictada en el juicio laboral 532/2009-IV de su índice, a fin de que autorice la erogación que se imponga y concluya la ejecución del laudo que ha quedado firme, hasta lograr la adecuada reinstalación de las quejosas, así como el pago íntegro de todas las prestaciones a que fue condenada la demandada Congreso del Estado de Veracruz, en el laudo dictado en dicho juicio laboral…”

“… con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo tercero transitorio y la Circular Número 1/2013-P, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se procederá en términos de los artículos mencionados, esto es, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que de estimarse que es inexcusable el incumplimiento, las autoridades responsables serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda”.

Tan tan.

¿Cómo la ve usted? Si el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz no cumple lo ordenado y paga los 7 millones a las trabajadoras, le impondrán una multa entre 100 y 1000 días de salario mínimo (que es lo de menos, porque serían unos 70 mil pesos en este último caso), y además será separado del cargo de gobernador y consignado a un juez de Distrito.

Esta interpretación del Tribunal abre la puerta para que otros acreedores, no importa del organismo o poder que sean, puedan cobrar lo que el secretario Buganza intentó impedir al mandar reformar la Ley de Bienes, por considerar que la lucha de trabajadores despedidos son “gandalleces” y que, por tales, en 2011 había un débito de 3 mil millones de pesos entre los juicios contra el gobierno estatal y contra los municipios.

redaccion

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