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El miedo a MAYL nos cuesta dinero

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Prospectiva
Por JAIME RÍOS OTERO
La aversión o el pánico que siente la administración duartista contra lo que pueda significar ventaja por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, ha llevado al régimen a las vías de hecho. Apenas trascendió en enero de 2013 la posibilidad de que hubiera una coalición entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional para competir en 80 municipios y 12 distritos electorales, cuando la fuerza del estado se hizo sentir en la defenestración del líder estatal perredista, Juan Vergel Pacheco.
Adicionalmente a la manipulación de corrientes pseudoizquierdistas afines al priismo, que sacaron en marzo a Vergel del liderazgo, los tribunales electorales se encargaron de finiquitar cualquier posibilidad de que compitieran juntos el PAN y el PRD… y Yunes con ellos.
Porque en realidad ese fue el detonador principal de la acción estatal. La verdadera preocupación se centró en desbaratar la eventual alianza porque, por el lado del PAN, el principal articulador (y quizás beneficiario de la coalición), sería Miguel Ángel Yunes Linares.
Pero la cosa no paró sólo en el derrocamiento del dirigente formal del PRD. Haber anunciado el 31 de enero de 2013 la posibilidad de aliarse, le acarreó a Juan Vergel su desahucio, pero también el despido laboral de su esposa, el 8 de febrero, quien se desempeñaba como analista administrativo en la Dirección de Recursos Humanos del Congreso del Estado.
Cuando preguntó más de una vez ¿por qué? -Pregúntale a tu esposo, le respondieron, insistentemente.
Sin perder tiempo, María Teresa Copado acudió a los especialistas del Despacho Viades, Llanes y Asociados, quienes no tuvieron objeción en patrocinarle una demanda de carácter industrial ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, contra el Congreso del Estado. El juicio, cuyo desarrollo se puede consultar en las listas de acuerdos de las páginas web jurisdiccionales, se resolvió el 3 de junio de este año, y consistió en una condena para que el Legislativo reinstale a la trabajadora, le pague los salarios caídos, los salarios devengados, la prima vacacional y los aguinaldos que correspondan.
Como la indiferencia, incompetencia o mediocridad parece ser la tónica en los achaques jurídicos del Poder Legislativo de Veracruz, el área respectiva ni siquiera se molestó en intentar la revisión del laudo por un tribunal federal, cuando menos para alargar el asunto (y justificar sus generosos salarios), sino que la resolución se fue libre y precisamente en el mes de septiembre pasado, la representación legal de la trabajadora y damnificada colateral del duartismo, solicitó que se iniciara el procedimiento de ejecución.
Aún no hay respuesta por parte del Tribunal, pero no hay vuelta de hoja ni recurso que el Congreso pueda hacer válido. Tiene que reinstalar y pagar. El monto es modesto, apenas son unos cuantos cientos de miles de pesos. No se aproxima siquiera a los $7 millones de las dos trabajadoras cuyo caso derivó en vinculación hasta para el gobernador de la Entidad.
Pero una cosa es cierta: esencialmente se trata de lo mismo en ambos casos. Así es que ¡ojo! Poder Ejecutivo.
Por cierto que el articulador de esta operación vindicta no pudo ser otro que el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín, ex dirigente del PRI Estatal y plenamente identificado con las causas de la fidelidad.
Pero no crea usted que el señor Carvallo será quien pague por estos desaciertos, ni el maestro Callejas y su gente del área jurídica. Seremos los veracruzanos, porque el dinero saldrá de nuestros impuestos, que no están siendo eficientemente cuidados y administrados, sino que, al contrario, son dilapidados de forma completamente irresponsable.
Vistas así las cosas ¿no es cierto que el miedo a Yunes Linares nos resulta caro a los contribuyentes?

redaccion

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