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¿Medidas para mejorar la justicia?

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Eduardo de la Torre Jaramillo

El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez medidas para mejorar la justicia, sólo resalto las siguientes: 1.- La Ley contra la infiltración del crimen organizado; 2.- Creación obligatoria de 32 policías únicas estatales; 3.- Fortalecer los instrumentos para proteger los derechos humanos, detallando la tortura, las desapariciones forzadas y la localización de personas.

Si bien es un avance, el reconocer la situación que vive el país; nuevamente se cae en el error que ante un nuevo conflicto se intenta resolverlo a través de la creación de una ley; laquid del asunto es la aplicaciónde la norma sin complicidad ni corrupción, para que se pueda afirmar que el Estado de Derecho funciona de manera legítima y eficaz.

Por otra parte, la creación por “decreto” de 32 policías únicas es por demás complicado no por su implementación, sino por la “voluntad política” de hacerlo, por ejemplo en Veracruz, en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su capítulo VI, en el apartado V6.2.3 “Estrategias en materia de coordinación institucional”, se definió: “Apoyar el proceso de consolidación hacia un mando coordinado/unificado de las policías municipales” y hasta la fecha no se ha realizado más que en el 18% de los municipios; y de allí el mismo gobierno desautoriza al Plan para crear otra institución policial que lleva por nombre “Fuerza Civil”; y en el caso tan sólo por mencionar la reforma en seguridad pública y justicia penal de 2008 donde se implementarían los Juicios Orales de manera homogénea en México en el año 2016, aquí se evidencia que Veracruz es uno de los estados más atrasados para su implementación, vaya hasta se han realizado dos reformas para posponer se creación; sin embargo, el obstáculo que enfrenta el presidencialismo restaurado es con los señores feudales, hoy mal llamados gobernadores.

Continuando con la línea de interpretación anterior, por ejemplo en el Sexto Informede Gobierno del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, se afirmó que laboraban más de 430,000 policías: 36,000 federales, 202,000 estatales,166,000 municipales, 3,500 ministeriales federales y 29,000 ministerialesestatales, es decir el 38.6% eran policías municipales.

Continuando con información del sexenio anterior, y que difícilmente se produjo un cambio cualitativo en el actual sexenio, según datos del Sistema Nacional deSeguridad Pública en 2010, el 68.3% de los policías municipales contaba coneducación básica, el 25.2% con educación media superior, el 4.5% coneducación superior, y el 1.9% carece de instrucción o son analfabetas. Además, el Secretario Ejecutivo dedicho Sistema afirmó que solamente el 26% por ciento de los mandos tienecoeficiente intelectual medio o superior al medio.

Si bien en alguna colaboración anterior propuse la desaparición de las policías municipales, porque son los brazos ejecutores de los grupos ilegales, tal y como lo vimos en el caso de Iguala y Cocula, el pasado inmediato de esa corporación evidencia que la profesionalización era un mito, y por ende sería muy difícil que tuvieran algún respeto hacia los derechos humanos y que se pudiera concretar la reforma de 2008, que incluye una policía de investigación. Con la lección de Iguala, la policía municipal investiga y coadyuva no para el Ministerio Público, sino para los grupos criminales, quizá por motivos económicos porque los salarios son muy bajos; en 2011 según reportes del Secretariado Ejecutivo, aproximadamente44 % de los policías ganaba entre $4,800 y $8,000; 24 %, entre $8,000 y$11,200; 22 %, entre $1,600 y $4,800; 8 %, entre $11,200 y $16,000, y,finalmente, 2 %, menos de $1,600.

Regresando a la reforma de 2008en materia de seguridad pública y justicia penal, ésta modificó lo siguiente: a) las nuevas atribuciones a las policías en materia de investigación de losdelitos, b) la profesionalización de todas las instituciones de seguridad públicay c) la coordinación que debe darse entre el Ministerio Público y lasinstituciones policiales dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En el primer aspecto, hasta la reforma, tanto la policíajudicial o ministerial como las policías preventivas no eran más queauxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos yquedaban sujetas en esa función a la autoridad y mando de aquél. Con lareforma al artículo 21 constitucional, todas las policías quedan facultadaspara investigar los delitos, así deban hacerlo bajo la conducción y mandodel propio Ministerio Público. Empero, la reforma choca con la realidad policial de una nula profesionalización en las policías municipales.

Finalmente, las ideas presentadas el día de ayer no son nuevas, y no se podrán realizar por decreto presidencial, nuevamente le apostaron a la retórica gubernamental y no a una reforma estructural, porque define que en caso de que un alcalde este coludido con el crimen organizado el gobierno federal desaparece ese poder municipal (desdibujando nuevamente al federalismo) pero no especifica que encarcelaría a los alcaldes o gobernadores que estén coludidos con los grupos que les financiaron sus campañas electorales para que llegarán a esos puestos de elección popular.La salida a la crisis multidimensional que vive el país, al parecer fue resuelta por el gobierno federal con la asesoría de Guiseppe Tomasi Di Lampedusa, pero como están los humores sociales, estas medidas gubernamentales no bastarán, porque la demanda social de indignación continua latente: la respuesta sobre los 43 normalistas.

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