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Ex presidente de la CNBV, miembro del consejo de Caja Libertad

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CIUDAD DE MÉXICO. (Milenio).- Durante 2013 se especuló que Libertad Servicios Financieros estaba vinculada en acciones para simular operaciones y blanquear recursos con la empresa Oceanografía; en 2014 Aguadé aseguró que no estaba contaminada.

En 2014, Jaime González Aguadé, en su papel de presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descartó que en Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad) se realizaran operaciones de lavado de dinero. Hoy forma parte del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

«Revisamos que no hubiera inversiones con empresas y contratos con personas que se denominan implicadas (…) lo cual nos deja tranquilos de que la caja no está contaminada con este tipo de operación”, aseguró González Aguadé en una conferencia de prensa el 26 de marzo de ese año.

Cinco años después y de acuerdo con el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el ex presidente de la CNBV forma parte del Consejo de administración de Caja Libertad desde el pasado 13 de marzo.

Aguadé estuvo al frente del organismo regulador y supervisor desde diciembre de 2012, cuando fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y dejó el puesto en octubre de 2017 para incorporarse a la campaña de José Antonio Meade, entonces candidato a la presidencia.

Durante 2013 se especuló que Caja Libertad estaba vinculada en acciones para simular operaciones y blanquear recursos con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Citibanamex por 400 millones de dólares en 2013. Ante estas acusaciones, la CNBV inició una investigación.

Luego de la indagatoria que duró un mes, en marzo de 2014 Aguadé aseguró que: «Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación».

Ante las acusaciones de ese mismo año, Martín Díaz, quien se desempeñaba a la par como jefe financiero de Oceanografía, dejó su cargo como presidente de Libertad Servicios Financieros, tomando el puesto Carlos Septién Michel, quien era director general de la misma.

En 2015 la cadena de casas de empeño Prenda Oro, propiedad de Juan Collado, se fusionó con Libertad Servicios Financieros convirtiéndolo en socio mayoritario de la entidad.

Libertad Servicios Financieros actualmente opera como una Sofipo y hasta este miércoles era presidida por Juan Collado.

La entidad es la más grande del sector, sus activos ascienden a 11 mil 757 millones de pesos, lo que representa el 37 por ciento de los activos totales del sector de las Sofipos. Tiene una cartera de crédito de 8 mil 590 millones de pesos y mantiene una utilidad por 12 millones de pesos. Al cierre de 2018 registró 2 millones 145 mil clientes en 193 sucursales que operan en 23 estados del país.

​Las operaciones de la entidad de ahorro y crédito popular tienen sede en Querétaro, donde Collado fue acusado de la simulación de la venta de un terreno por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 millones de pesos.

​La CNBV, hoy presidida por Adalberto Palma, informó a MILENIO que no han recibido ninguna información o requerimiento por parte de alguna autoridad del administrativo judicial al respecto, ni con la entidad de ahorro popular.

Expuso que con lo que respecta a las acciones de supervisión ordinaria que se hace a las instituciones, en Caja Libertad se encontraron algunas observaciones pero en ningún momento ponen en riesgo la solvencia financiera de la institución.

“Para esto hay un proceso de supervisión por lo que estás observaciones están siendo revisadas y atendidas por la institución y la comisión, pero si vale la pena precisar que ninguna de estas operaciones pone en riesgo la continuidad de sus operaciones”, dijo y destacó que las observaciones son meramente de materia administrativa, como falta de documentos o formatos.

Además mencionó que no han recibido ninguna información o requerimiento por parte de alguna autoridad del administrativo judicial al respecto, ni con la entidad de ahorro popular.

redaccion

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