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Ulises Ruiz ante la Comisión de la Verdad
Contracolumna
José Martínez M.
Aún no se ha hecho público, pero el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz podría enfrentar cargos de “tortura y desaparición forzada”, así se establece en las conclusiones de la Comisión de la Verdad después de dos años de investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en los años 2006 y 2007 que tuvieron lugar en Oaxaca durante su mandato. De ser así muchos gobernadores pondrían sus barbas a remojar.
Conviene subrayar que el artículo 215-A del Código Penal Federal tipifica el delito de la desaparición forzada en tres modalidades: 1.- “Las desapariciones en las que intervienen funcionarios y fuerzas policiales directamente”; 2.- “Aquellas en las que intervienen grupos delincuenciales en complicidad con funcionarios” y 3.- “Aquellas en las que no hay conexión con las autoridades”.
Aunque es un delito autónomo en el Código Penal Federal, solo siete estados cuentan con una legislación penal en esa materia (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 estados restantes no se encuentra homologada como un delito. A ese propósito, el presidente Enrique Peña Nieto envió una Ley, que ha sido aprobada en diciembre pasado para castigar la tortura y las desapariciones forzadas. Ley que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión.
La Comisión de la Verdad fue instituida en Oaxaca por decreto del gobernador Gabino Cué con carácter de Ley y fue publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado el sábado 19 de octubre de 2013. El decreto clasificado con el número 2056 fue aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura de esa entidad.
Como se ha publicado en algunos medios, Ulises Ruiz ha protagonizado una serie de escándalos derivados de los intereses facciosos por la sucesión del próximo gobernador de Oaxaca, quizás debería estar preocupado con los resultados de la Comisión de la Verdad, pero no es así pues está más interesado junto con una caterva de políticos en imponer al sucesor de Gabino Cué, quien tampoco es monedita de oro.
Sería lamentable, pues significaría un retroceso no sólo para la justicia sino para el sistema democrático que Ulises Ruiz evadiera su responsabilidad en los delitos por lo que se le acusa. La Comisión de la Verdad ha documentado las atrocidades cometidas por este político quien podría convertirse en una piedra en el calcetín del presidente Enrique Peña Nieto cuyo gobierno está justamente bajo la lupa de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
En su reciente Informe sobre Desaparición Forzada 2014 presentado por la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos “Monseñor Romero”, se destaca que no existe una base nacional de datos sobre personas desaparecidas y las pocas investigaciones de casos se caracterizan por errores y omisiones y que a pesar del número de denuncias y quejas sobre desaparición forzada México en su informe sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada sólo reporta 6 sentencias a nivel federal por la comisión del delito de desaparición forzada.
No obstante los alarmantes casos de desapariciones forzadas, el gobierno de Peña Nieto se ha visto precisado a salir de su zona de confort tras la masacre y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
A ese propósito conviene recordar el Informe de la misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (editado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH) que de acuerdo a datos oficiales durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, 110 servidores públicos fueron procesados por el delito de desaparición forzada, pero quedaron abiertas 46 averiguaciones previas por este ilícito en la PGR en tanto otras 26 fueron abiertas en tribunales militares.
La Comisión de la Verdad que tiene como tarea investigar afondo los hechos que motivaron a Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos está integrada por la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez; el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, así como el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien encabeza este organismo autónomo.
La ley que da espíritu a la Comisión de la Verdad se conforma por cinco capítulos, 18 artículos base y cinco transitorios. En su artículo primero se cita: “La presente ley es de orden público e interés general, tiene por objeto garantizar a la sociedad a través de la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, el derecho irrenunciable a la verdad, de las acciones y omisiones que pudiesen haber motivado violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos en contra de personas vinculadas con el movimiento social ocurrido en el estado”.
La Comisión investiga los casos de 20 asesinatos políticos y más de 500 víctimas que fueron secuestrados, detenidos, torturados, desaparecidos, humillados, hostigados o estigmatizados.
Llevar a Ulises Ruiz ante la justica sentaría un precedente histórico en la rendición de cuentas, de lo contrario nos confirmaría una vez más que los gobernadores en su mayoría son auténticos caciques con corchete de impunidad.
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, el Virrey de la Impunidad
Contracolumna
José Martínez M.
Es interminable la lista de delitos e irregularidades en que incurrió Félix González Canto durante su gestión como gobernador de Quintana Roo, por lo que debería ser sancionado e inhabilitado con todo el rigor de la ley, pero ocurre que este político ha actuado con impunidad ante las complicidades de las autoridades que tienen el deber irrestricto de aplicar la ley. El Congreso de Quintana Roo y las autoridades de fiscalización han sido cómplices de este conspicuo personaje que mediante artimañas y subterfugios legales pretende hacerse de un escaño en el Senado de la República.
Félix González Canto incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. Es un secreto a voces su desmedida fortuna, que va desde el usufructo de concesiones de placas de taxis hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de propiedades en bienes inmuebles y negocios. Y no sólo eso. Desde hace años ha sido señalado como pederasta y sospechoso de un femenicidio en contra de una menor, lo cual es un delito grave, de los más sancionados.
Aún hay más: incurrió en delitos de nepotismo y saqueo de las arcas públicas. Tan sólo para el manejo de su “imagen” se dilapidaron más de mil 500 millones de pesos y dejó al estado de Quintana Roo como la segunda entidad más endeuda del país, después del estado de Coahuila.
Todos estos delitos e irregularidades se encuentran documentados. Y ante la complicidad de los poderes formales y fácticos, en Quintana Roo están dadas las condiciones para que el Senado de la República intervenga para que, en su momento, determinar a petición de un partido político la desaparición de poderes. Los niveles de corrupción son impresionantes y abarcan a casi toda la clase política. Es inconcebible que Quintana Roo, siendo uno de los estados más jóvenes del país, tenga a 40 años de su fundación los vicios de un estado en decadencia, de ahí que esta entidad ocupe uno de los primeros lugares en pederastia, corrupción, tráfico de personas, prostitución, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes.
El PRI no tiene gobernabilidad y no existe un equilibrio político. El deterioro del tejido social es alarmante. Quintana Roo no es el paraíso. Es el invernadero de la corrupción. No es fortuito que uno de sus gobernadores esté en prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos a donde fue extradito Mario Villanueva. Aún con todo ello, el narcogobernador está promoviendo que periodistas de TV Azteca, caso concreto del conductor de noticias Javier Alatorre le escriba su “biografía”, como lo ha hecho saber quien fuera su vocera y amiga íntima, Niza Puerto, la que ahora se ha convertido en la “operadora” y publirrelacionista de Félix González Canto.
El ex gobernador Félix González Canto de hecho se manejó como un virrey. Ahora anda en busca de obtener inmunidad, si se le puede llamar así a quienes delinquen, actúan y se comportan con impunidad.
González Canto y sus testaferros han sido los operadores intelectuales de la campañas sucias contra políticos y periodistas críticos. Él mismo se ufana de dictar la agenda de los medios. Tarde que temprano deberá enfrentar a la justicia y no sería extraño que siga los mismos pasos de Mario Villanueva.
Por fortuna, en otros estados de la República mexicana algunos ex gobernadores han sido sancionados. Como ocurrió en el caso del ex gobernador panista de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz. En Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública estatal (SFP) inhabilitó por cinco años al ex gobernador Ortiz Ortiz para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público estatal por incurrir en actos de nepotismo durante su administración.
En un resolutivo, la dependencia estatal señaló que Ortiz Ortiz “dañó la imagen de la administración pública ya que cometió actos que no son permisibles en una relación laboral”. La SFP estatal indicó que está demostrado que durante la administración del ex mandatario, diversos de sus familiares directos formaron parte de su gobierno y a quienes contrató, nombró o promovió en cargos públicos. Cualquier semejanza con Quintana Roo y Félix González Canto es mera coincidencia. En Baja California Sur, el ex gobernador perredista Narciso Agúndez Montaño fue inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos a nivel estatal tras un proceso administrativo abierto en su contra por el presunto desfalco al erario de más de 55 millones de pesos. La Contralora local, Maritza Muñoz hizo saber que la sanción se derivó de una denuncia que inició el gobierno estatal por la venta irregular de siete predios en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, en Los Cabos. Por tal motivo se le impuso también una sanción económica de casi 28 millones de pesos, que corresponde a la mitad del daño patrimonial causado al erario.
De acuerdo a la contralora este hecho es independiente del proceso penal que actualmente se le sigue al ex gobernador y a seis ex funcionarios más, por otra venta con estos mismos terrenos. La investigación en la Contraloría inició 10 días después de que el ex gobernador anunciara que se afiliaba al PVEM y que buscaría competir por un escaño en el Senado de la República. Otra vez, cualquier semejanza con Quintana Roo y Félix González Canto es mera coincidencia.
Y en cuanto a Coahuila y su semejanza con Quintana Roo, un juez federal dictó auto de formal prisión a dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por presuntamente dar información falsa para otorgar un crédito al gobierno de Coahuila. En una tarjeta informativa se dio a conocer que Jorge López Alarcón y Jaime René Jiménez Flores son probables responsables del delito previsto en el Artículo 112, párrafo cuarto, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa.
Además, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del gobierno de Coahuila, por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Banco Santander. Entre los funcionarios involucrados se encuentran Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo.
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, se encuentra bajo proceso y fue obligado a renunciar a la dirigencia nacional del PRI.
El caso de Félix González Canto es más complicado y mucho más grave. Las fechorías de este ex gobernador están documentadas, pero tiene a su favor la complicidad del Congreso estatal y de las autoridades fiscales y judiciales de la entidad.
El caso de Quintana Roo no es un asunto estrictamente local, es un asunto de seguridad nacional. La corrupción permea a todos los niveles desde el más bajo hasta el más alto.
Los ejemplos de Tlaxcala, Baja California Sur y Coahuila no son mera coincidencia. Lejos de poner sus barbas a remojar, el ex gobernador González Canto anda metido de lleno en su campaña por la senaduría. No obstante, este mismo caso incurrió en nuevos delitos e irregularidades que motivaron la intervención de las autoridades electorales federales.
Félix González Canto actúa con descaro como el ex gobernador de Tlaxcala. Héctor Ortiz Ortiz tan pronto cuando fue sancionado, hizo declaraciones que suenan a una canallada. Dijo: “Me tiene sin cuidado el resolutivo de la Secretaría de la Función Pública y no tengo miedo, no porque sea muy valiente, sino porque a mis adversarios no les alcanza para intimidarme”.
Y aún más: “No me afecta la inhabilitación para ocupar un cargo público en Tlaxcala, pues no tengo interés en participar en la presente administración. Yo no deseo colaborar en ningún sentido con este gobierno, ni como abogado externo me interesa trabajar con él. El titular de la Secretaría de la Función Pública (Hugo René Temoltzin) no tiene facultades en toda la República, por eso no afecta mis aspiraciones políticas”, remató con cinismo. Esa es la posición de Félix González Canto. Actuar con desfachatez y con cinismo.
Félix González Canto todavía tuvo el descaro de promulgar un “Código de ética” para los servidores públicos de Quintana Roo, supuestamente “para fomentar hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, bajo principios y valores éticos”. Valores y principios que él mismo se pasó por el arco del triunfo. Parientes y familiares ocuparon cargos de todos los niveles. Un caso sin precedente. Y nos quejábamos de López Portillo por el “orgullo de su nepotismo”.
Ahí está la ley y ahí está su “código de ética”. Nadie mueve un dedo en Quintana Roo, ninguna autoridad. Hay simplemente un vacío de poder. Por eso González Canto se jacta de seguir moviendo los hilos de la política y del poder. Por eso Quintana Roo es el invernadero de la corrupción, donde todo se vale, incluso que un político relacionado con el narco, Gabriel Mendicuti y el “exitoso constructor” Luis Carlos Carrillo Cano hayan llevado una amistad a partir un piñón y se le haya otorgado a un narco-constructor la ampliación del penal de Cancún, pero que gracias a la denuncia de los medios de información se frenó a tiempo. Pero lejos de sancionar a este servidor público, el ex gobernador González Canto protegió y, aún peor, Enrique Peña Nieto nombró a Mendicuti como su coordinador de campaña en ese estado del Caribe mexicano. Eso es lo que nos espera con Peña Nieto. El viejo PRI, el de la narcopolítica y de la corrupción.
Así que quien comete un delito, o una serie de delitos, no es más que un delincuente. Por eso Félix González Canto es un delincuente electoral.
El Instituto Federal Electoral ha decidido que el ex gobernador junto con quien fuera su vocero deben ser investigados por el Congreso y la Contraloría del Gobierno de Quintana Roo, de acuerdo a la reciente resolución del Consejo General del IFE respecto al expediente SCG/PE/PRD/CG/018/2011, a través del cual el PRD denunció la desbordada campaña publicitaria con motivo del último informe de gobierno de González Canto, en marzo del año pasado.
El IFE pudo constatar que durante el periodo del 15 al 31 de marzo de 2011, “se difundieron a través de las señales de radio y televisión operadas por los concesionarios y/o permisionarios llamados al presente procedimiento, los promocionales alusivos al sexto informe de gestión del C. Félix Arturo González Canto (otrora gobernador quintanarroense), mismos que tuvieron 4 mil 221 impactos. De este universo, 3 mil corresponden a emisoras domiciliadas en el estado de Quintana Roo; y el resto, mil 221 impactos de promocionales televisivos, fueron difundidos por emisoras radicadas en distintas entidades federativas”.
El proyecto de resolución del IFE establece: “Se evidenció que la Unidad del Vocero del Gobierno del Estado de Quintana Roo, erogó recursos públicos, considerados dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011, para cubrir la correspondiente contraprestación económica por la difusión de la propaganda ya mencionada”.
De acuerdo a dicha resolución “…debe establecerse un juicio de reproche en contra de quien fuera el Gobernador del estado de Quintana Roo en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona, puesto que en los mensajes impugnados aparece su imagen y su voz (y en el caso de los radiales, sólo su voz), y tomando en consideración que dicha conducta sólo puede ser realizada intuitu personae (es decir, directamente por el servidor público denunciado), válidamente puede sostenerse que violentó el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución General”, que prohíbe incluir nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público en los promocionales institucionales a que tienen derecho…
“… el mandatario quintanarroense también debe ser responsabilizado por la conculcación a la normativa comicial federal, en razón de que apareció en diversos mensajes televisivos y radiales alusivos a su informe de gestión (y que fueron motivo de la inconformidad planteada por el Partido de la Revolución Democrática), los cuales no cumplieron con los requisitos exigidos en el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (al haber rebasado los límites temporal y espacial allí previstos), por lo cual, constituyeron actos de promoción personalizada a su favor…
“… Ahora bien, tomando en consideración que en el caso a estudio, los mensajes televisivos considerados infractores de los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron sufragados con recursos públicos (atento a lo informado por quien fuera el Titular de la Unidad del Vocero del gobierno de esa entidad federativa), y que al día de hoy el C. Félix Arturo González Canto (otrora gobernador quintanarroense), ha concluido ya su gestión, lo procedente es dar vista a la Legislatura del estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, conozcan de esa conducta y en su oportunidad, determinen lo que en derecho corresponda.
“Como se observa de los preceptos legales antes transcritos, corresponde a la Legislatura del estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de la Contraloría del gobierno de esa entidad federativa, conocer e investigar de los actos irregulares que han sido acreditados en el presente expediente, atribuibles a quienes fueran el mandatario quintanarroense y Titular de la Unidad del Vocero de la administración pública local en comento.
“En esa tesitura, resulta procedente poner en conocimiento de los entes públicos antes referidos, las conductas desplegadas por los CC. Félix Arturo González Canto (otrora Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo) y Jorge Acevedo Marín (otrora Titular de la Unidad del Vocero de ese gobierno local), a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho proceda”.