Internacional

ONU: México no castiga tráfico de indocumentados

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Ginebra, Suiza.  (Milenio).-  La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité de Derechos para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, criticó la incapacidad de México para perseguir y procesar a los responsables del tráfico de personas y lidiar con efectividad con el negocio de la inmigración. “Los migrantes que se encuentran en tránsito en México sufren extorsiones y secuestros por parte de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Está claro que en México existe el llamado negocio de la migración y resulta altamente preocupante que el gobierno no haya hecho progresos evidentes para procesar a los responsables del delito de tráfico de personas”, señaló el relator del informe sobre México, Francisco Carrión Mena.

En tanto, Ana Elisabeth Cubias Mena, integrante del mismo comité, señaló: “Constatamos con preocupación el recrudecimiento de las violaciones a los derechos de los trabajadores migrantes.

“Existe un verdadero negocio de la migración, y a pesar de los esfuerzos del gobierno (mexicano), vemos que el problema se extiende como cáncer y que funcionarios locales se aprovechan de esa situación; hay que poner freno a esta situación”, sostuvo.

Carrión reconoció que la acción de las bandas criminales “distorsiona el esfuerzo que se plantea el Estado” mexicano para combatir este delito, pero recordó que eso no excluye su “responsabilidad” para atajarlo. También admitió que el problema de la corrupción dinamita ese trabajo.

Calificó de “atroz” la matanza de 72 migrantes sudamericanos y centroamericanos ocurrido en agosto del año pasado en Tamaulipas, y pidió acciones más eficaces de las autoridades mexicanas para disminuir las agresiones.

Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y jefe de la delegación mexicana, asumió que “la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para los migrantes en tránsito por México”.

El funcionario federal señaló que el acceso a la justicia por parte de los migrantes se convirtió en un “aspecto esencial” en este tema y explicó que se “han creado diversos mecanismos para facilitar la denuncia de delitos, como los visados humanitarios otorgados a migrantes víctimas o testigos de delitos”.

Otro de los puntos que los expertos señalaron como “insostenible” para México es el número de secuestros, que alcanza la astronómica cifra de 11 mil al año.

Quejas de ONG

Organizaciones civiles denunciaron ante la ONU la supuesta negligencia de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia mexicanas a la hora de prevenir e investigar secuestros y agresiones contra migrantes, y denunciaron que el desdén de algunos funcionarios los hace cómplices de los delincuentes.

Las ONG que acudieron también ante el Comité para la Protección de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, donde señalaron que los responsables de secuestrar indocumentados en México son Los Zetas, organización delictiva que también domina el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres centroamericanas.

En la reunión con expertos de ese comité de Naciones Unidas, el representante de Amnistía Internacional, Robert Knox, afirmó que la justicia en México para los migrantes es “muy débil”, de ahí que haya pocas denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Ante las violaciones y los secuestros, el Estado mexicano “estaba ciego”, indicó.

“¿Cuántos funcionarios públicos habrán tenido que rendir cuentas por su complicidad en esos crímenes?”, cuestionó. Además, dijo que se requiere datos sobre coordinación, rendición de cuentas y líneas de control para combatir a las bandas del crimen organizado que agraden a los migrantes, así como datos confiables sobre procesamientos y condenas de los delincuentes.

Destacó que los defensores de derechos humanos también están en riesgo y las medidas puestas en marcha por el Estado mexicano para protegerlos son insuficientes. Las resoluciones que ha tomado son sólo para “consumo internacional” y carecen de eficacia, sostuvo Knox.

El sacerdote Alejandro Solalinde, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que los crímenes contra los migrantes a menudo son considerados de poca importancia, y debido a la falta de coordinación de las autoridades estatales y federales los datos oficiales son incompletos.

– Claves

Queja salvadoreña

• El gobierno de El Salvador indicó que el año pasado 250 ciudadanos de ese país fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros 21 murieron en el sur de México, en su paso a Estados Unidos.

• “No es un asunto de acusación ni de una situación de descargar la responsabilidad (en México), sino que es un mecanismo de corresponsabilidad’’, señaló el canciller de esa nación, Hugo Martínez.

• En tanto, el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García, detalló que en los 250 casos, 54 fueron mujeres y 196 hombres.

Denuncias más específicas, exige SRE

El gobierno de México pidió a la ONU ser más específica en su denuncia sobre desapariciones forzadas, y si bien reconoció que el fenómeno puede estar presentándose en el país, también puede tratarse de extravíos o secuestros de personas.

Integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del organismo informaron la semana pasada que en México hay al menos 3 mil personas en esa condición, de acuerdo con datos proporcionados por ONG. En tanto, la CNDH señaló que posee 5 mil 397 expedientes de personas extraviadas o ausentes.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que el gobierno esperará a conocer el informe final del grupo de trabajo de la ONU y pidió a los expertos “llamar a las cosas por su nombre”.

Sostuvo que “hay una diferencia muy grande entre lo que se plantean como quejas y que, en muchos casos, pueden ser situaciones que obedezcan a situaciones de extravío, secuestro o simple desaparición, mas no desaparición forzada. La desaparición forzada supone, necesariamente, el involucramiento del Estado o de sus agentes”.

En conferencia con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe Zamora, explicó: “Es muy importante que en el análisis del organismo se distinga entre las quejas que presentan organizaciones civiles y las que admite la CNDH”.

redaccion

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